Torra se niega a dimitir tras ser inhabilitado y acusa a la Junta Electoral de dar un "golpe de Estado"
Activistas de la ANC arriaron la bandera española del edificio del Palau de la Generalitat.
Un día antes del inicio del debate de investidura de Pedro Sánchez, por un ajustado resultado de 7 a 6 y tras un recurso del PP, Ciudadanos y Vox, la Junta Electoral provocó una tormenta política de incalculables consecuencias, tanto en la investidura española como en la legislatura catalana.
El organismo electoral, un ente administrativo dependiente de las Cortes españolas, tomó la decisión de apartar a Quim Torra de su condición de diputado en la Cámara catalana, lo que implica su cese como presidente de la Generalitat. En principio, su inhabilitación no es inmediata. Debería hacerse efectiva el miércoles cuando las partes implicadas reciban la resolución definitiva con los votos particulares. Pero está por ver, porque Torra recurrirá la resolución. La Junta Electoral decidió también rechazar otorgar la credencial de eurodiputado al presidente de ERC, Oriol Junqueras, por estar condenado por sentencia firme por el Tribunal Supremo. Se da la circunstancia, de que el anuncio de la inhabilitación de Junqueras lo hizo el presidente del PP, Pablo Casado, antes que la Junta Electoral.
Este organismo estima de esta forma el recurso presentado por el PP, Ciudadanos y Vox, que pedían la inhabilitación inmediata del presidente catalán tras la condena del TSJC. La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó el pasado 19 de diciembre al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a una pena de año y medio de inhabilitación por haber cometido un delito de desobediencia cuando se negó a descolgar las pancartas a favor de los presos y con el lazo amarillo de los edificios de la Generalitat. Torra se convirtió en el primer jefe del Ejecutivo catalán condenado en el ejercicio de su cargo. Artur Mas también fue condenado por desobediencia, pero fue sentenciado años después de abandonar la presidencia. Carles Puigdemont está procesado, pero no ha sido aún juzgado.
Torra se convierte, ahora, en el primer presidente autonómico apartado de su cargo en virtud de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) de 2011 que estableció en su artículo 6.2 que son "inelegibles" los condenados por delitos de "rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado" cuando se establezca la pena de inhabilitación, aunque la sentencia no fuera firme.
Tras conocer el anuncio del organismo electoral, que en el caso de Torra ejecuta la condena del TSJC sin esperar al Tribunal Supremo, el presidente de la Generalitat convocó de urgencia al consejo ejecutivo de la Generalitat. El presidente de la Generalitat respondió con la máxima contundencia. Aunque antes que como jefe del Ejecutivo, actuó como activista. Bajó a la plaza Sant Jaume, donde se manifestaban varios miles de personas. Estaba llena pero no desbordada, y Torra entregó la pancarta por la que fue condenado a los dirigentes de la ANC. Poco después, algunos de los miembros de la Asamblea Nacional Catalana irrumpieron en el balcón de la fachada del Palau de la Generalitat y colgaron la pancarta. Mientras el presidente de la Generalitat pronunciaba su discurso institucional, esos mismos activistas subieron hasta la azotea del Palau de la Generalitat y arriaron la bandera española. Lo que no autorizó Carles Puigdemont el 27 de octubre de 2017 tras la declaración unilateral de independencia, ocurrió este viernes. Por primera vez en 40 años, la enseña española dejó de ondear en el Palau de la Generalitat. Fue durante unos 20 minutos y la acción fue reivindicada por la ANC.
Torra no cede
En su discurso institucional, acompañado por todos los miembros de su ejecutivo, también los de ERC, Torra advirtió de que seguirá ejerciendo como presidente hasta que el Parlament le destituya. El presidente de la Generalitat habló en términos de "golpe de Estado contra las instituciones catalanas". "Mientras el Parlament no diga lo contrario, continuaré siendo diputado y presidente, y ejerciendo las funciones de mi cargo. Soy diputado y presidente", afirmó.
El jefe del Ejecutivo catalán anunció dos medidas. Por un lado dijo que presentará todos los recursos que hagan falta. "Llegaremos hasta el final", dijo. Y por otro lado, se puso en contacto con el presidente del Parlamento catalán para convocar un pleno en la Cámara catalana para rechazar la orden de inhabilitación. "Solo me puede inhabilitar el Parlament", advirtió. El pleno se celebrará a las cinco de la tarde. Será horas después del inicio del debate de investidura en el Congreso de los Diputados, que días atrás tenía la incógnita de saber cuántos apoyos tenía Pedro Sánchez. Esas dudas existen aún, toda vez que ERC ha convocado a su ejecutiva. La abstención de ERC no debería peligrar, pero la presión que ayer ejercieron algunos dirigentes del independentismo fue muy elevada. Fuentes republicanas apuntaron que la reunión debe servir para valorar "posibles consecuencias en el calendario político inmediato de las decisiones de la Junta Electoral Central (JEC) sobre el president Quim Torra y el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras". Joan Tardà, no obstante, tuiteó: "No conseguirán reventar la investidura". Tanto ERC como el PSOE coincidieron en atribuir a la derecha la decisión de la Junta Electoral y en apuntar que la Junta no es un órgano jurisdiccional y que no tiene atribuciones para inhabilitar al presidente de la Generalitat.
Algunos juristas de la órbita independentista señalaron que si la Junta Electoral ha forzado al máximo la legalidad, el Parlament también podría hacerlo. Así, desde el entorno del presidente de la Generalitat apuntaron que la resolución inhabilita a Quim Torra como diputado, pero no en su condición de Presidente. El Estatuto de Cataluña exige la condición de diputado para poder investir a un presidente. Pero en ningún caso, la pérdida de la condición de diputado implica la pérdida de la condición de presidente, según señalan desde el entorno del dirigente nacionalista, dando pistas de cómo puede resistirse.
La decisión de la Junta Electoral Central puede, en cualquier caso, profundizar la crisis en el independentismo. Desde JxCat, la CUP, la ANC y los CDR están presionando a ERC para que vote no a la investidura de Sánchez. Si Esquerra no cambia su anunciada abstención, los postconvergentes pueden lanzarse a la ofensiva de forma inmediata. Se especula incluso con que JxCat sopesa nombrar a un nuevo vicepresidente para evitar que el republicano Pere Aragonès asuma la presidencia cuando Torra sea apartado de forma efectiva. JxCat tiene dos cartas más. La convocatoria de elecciones anticipadas, aprovechando el efecto que la inhabilitación puede tener en el electorado, unido al hecho de que ERC no cambie su posición en la investidura española. La opción que lleva tiempo sobre la mesa es un nuevo intento de investir a Carles Puigdemont, que conserva aún su acta de diputado autonómico. Roger Torrent ya lo impidió en enero de 2018. Si lo volviera a hacer, lanzaría de nuevo la campaña electoral a JxCat.
