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Nacional

La Audiencia Nacional deja en libertad a tres de los CDR acusados de terrorismo

El tribunal, que les impone una fianza de 5.000 euros de fianza, entiende que no hay riesgo de fuga pese a las graves imputaciones.

Los abogados de los siete miembros de los CDR acusados de terrorismo, a su salida de la Audiencia Nacional
Los abogados de los siete miembros de los CDR acusados de terrorismo, a su salida de la Audiencia Nacional
Efe

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó hoy dejar en libertad bajo fianza de 5.000 euros a tres de los miembros de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos en Cataluña el pasado 26 de septiembre en la denominada Operación Judas y acusados de terrorismo.

El tribunal de la calle Génova ha decidido estimar parcialmente los recursos de apelación de Guillem Xavier Duch, Eduard Garzón y Xabier Buigas, a los que, además de la caución, impone como medidas cautelares la obligación de comparecer todos los lunes ante el juzgado de su residencia, la prohibición de salida del territorio nacional, así como la fijación de un teléfono, domicilio y persona de contacto para recibir cualquier tipo de comunicación judicial.

La Sala entiende que de las diligencias practicadas hasta la fecha existe un «elevadísimo índice de verosimilitud acerca» de la intervención de los encausados en el hecho delictivo (pertenencia a una organización terrorista), pero ello no puede por sí justificar la medida cautelar de prisión, pese a la «relevante probabilidad de culpabilidad que concurre en el presente hecho».

En su auto, los magistrados de la Sección Segunda descartan todas las posibles vulneraciones de derechos alegadas por los abogados de los tres supuestos miembros de los Equipo de Respuesta Táctica (ERT), el ala violenta de los CDR. Consideran además que el Juzgado Central de Instrucción seis ha cumplido «sobrada y escrupulosamente» con el derecho a la tutela judicial efectiva.

El tribunal recuerda que una medida cautelar como la prisión provisional persigue asegurar la presencia del inculpado en el proceso, así como evitar la destrucción o manipulación de los medios de prueba. Respecto al riesgo de fuga, los magistrados creen que dado el probado arraigo personal, familiar, social y económico que presentan, esta posibilidad es remota.

En cuanto a la ocultación o destrucción de pruebas, los jueces tienen en cuenta que en el momento actual ya han sido practicadas casi la totalidad de las pruebas que inculpan a los encausados, por lo que no existe la posibilidad de que entorpezcan, dificulten o retrasen la investigación. Tampoco, afirma la sala, pueden ejercer una influencia directa sobre testigos u otros imputados o peritos. Dos de los autos, los relativos a los recursos de Eduardo Garzón y Xabier Buigas, indican también que debe tenerse en cuenta, tal y como alega el fiscal, su falta de participación material en la fabricación y tenencia de explosivos.

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