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El 75% de las sentencias por corrupción son condenatorias

Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre pasados se dictaron doce sentencias en procedimientos de corrupción, de las cuales nueve fueron total o parcialmente condenatorias.

Fachada del CGPJ
Fachada del CGPJ
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El 75% de las sentencias de casos de corrupción dictadas por los juzgados y los tribunales españoles son condenatorias, según los últimos datos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), correspondientes al tercer trimestre de este año.

Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre pasados se dictaron doce sentencias en procedimientos de corrupción, de las cuales nueve fueron total o parcialmente condenatorias.

En este periodo los jueces abrieron juicio oral o procesaron a veinte personas físicas y a nueve personas jurídicas y concluyeron seis procedimientos por este tipo de hechos.

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del CGPJ, al que se puede acceder en la web www.poderjudicial.es, que permite conocer la acción de la justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores, personas acusadas y procesadas, procedimientos y sentencias dictadas, entre otros.

Los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos y como uno de los elementos de la actividad delictiva la afectación del dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la política.

Estos fenómenos constituyen delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

De los veinte acusados, Cataluña registró nueve, Baleares y Comunidad Valenciana cuatro cada una y las otras tres en Madrid, País Vasco y Galicia, mientras que de las nueve personas jurídicas cuatro lo fueron en la Comunidad Valenciana, tres en Cataluña y las otras dos en Madrid y Baleares.

Los seis procedimientos concluidos en este periodo son casos de Madrid, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Baleares y Galicia.

En cuanto a las doce sentencias condenatorias, tres fueron dictadas en Canarias, dos en Baleares y las demás en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura.

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