La defensa de Torra pide la nulidad de la causa o que se suspenda su juicio por desobediencia
El presidente catalán se enfrenta a una pena de inhabilitación de hasta dos años, acusado de desoír la orden de la JEC de retirar lazos amarillos de edificios públicos en el periodo electoral.
La defensa del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido la nulidad de la causa por desobediencia, al cuestionar la imparcialidad de la instrucción y del tribunal, y que en caso de que el juicio siga adelante se suspenda para que testifiquen miembros de la Junta Electoral Central (JEC).
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha iniciado el juicio por desobediencia a Torra, que se enfrenta a una pena de inhabilitación de hasta dos años, acusado de desoír la orden de la JEC de retirar lazos amarillos de edificios públicos en el periodo electoral de las generales del pasado 28 de abril.
Tanto el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, como la acusación popular ejercida por Vox han rechazado la nulidad planteada por la defensa de Torra, una cuestión que la sala dirimirá esta misma mañana, por lo que ha acordado un receso del juicio.
En el trámite de cuestiones previas, la abogada Isabel Elbal, que ejerce la defensa del presidente de la Generalitat junto a Gonzalo Boye, ha denunciado que en el procedimiento se han vulnerado derechos fundamentales y ha cuestionado que Torra pueda tener un "juicio imparcial", tras una instrucción "muy parcializada".
"Es palmario y evidente que no se respeta el derecho a la presunción de inocencia. Es tan evidente que, según la opinión publicada, (Torra) va a ser condenado. Ha habido regueros de tinta sobre el análisis de la situación política en Cataluña cuando sea inhabilitado. Es tan evidente y tan palmario que no debería proseguir el juicio", ha aseverado.
Como ya hiciera en varias ocasiones en fase de instrucción, la defensa ha insistido en plantear la nulidad de la causa contra Torra por desobediencia, al cuestionar no solo la imparcialidad de los miembros de la Junta que le conminaron a retirar los lazos amarillos, sino también del magistrado instructor, Carlos Ramos, y del propio presidente del TSJC y de la sala que juzga el caso, Jesús María Barrientos.
En opinión de la defensa, el TSJC "tendría que haber entrado a valorar" si los miembros de la Junta estaban contaminados, antes de iniciar el procedimiento penal contra Torra.
La defensa ha cuestionado también la imparcialidad del magistrado instructor de la causa y del propio Barrientos -a los que intentó recusar sin éxito durante la instrucción del caso-, por haber emitido opiniones, en el caso del presidente del TSJC en público, en relación a los hechos que motivaron la querella.
Por ese motivo, Isabel Elbal ha asegurado que la defensa no tiene "ninguna confianza" en la sala que juzga al presidente catalán y ha argumentado que en la causa se han vulnerado derechos fundamentales de Torra, como el derecho a un juez imparcial o a la presunción de inocencia, por lo que ha sentenciado: "Todo lo que empieza así de mal, no puede acabar bien".
Enmarcado en el contexto político que vive Cataluña, la defensa de Torra se ha preguntado si "hay algún juez" en esta comunidad capaz de "enjuiciar" al presidente de la Generalitat por el "acto político" de exhibir unos símbolos: "Evidentemente, esto es una anomalía democrática, tienen la oportunidad histórica de salvar el sistema democrático", ha indicado Elbal.
En el caso de que el tribunal desestime su petición de nulidad, la defensa de Torra ha pedido que se suspenda el juicio para dar tiempo de poder citar como testigos a los miembros de la JEC que ordenaron la retirada de los lazos, ya que, si no comparecen, supondría un "agravio comparativo" y se vulneraría su derecho de defensa.
Para la letrada de Torra, la declaración como testigos de los miembros de la JEC es "sumamente importante", por lo que ha pedido que se admita su solicitud y se suspenda el juicio para que puedan ser citados y puedan ejercer su defensa en "igualdad de armas".
Según la defensa, los miembros de la JEC tendrían que aclarar en el juicio por qué asumieron competencias que correspondían a la Junta Electoral Provincial de Barcelona y por qué adoptaron decisiones que "desbordan" sus atribuciones, llegando "a un extremo al que nunca habían llegado contra el presidente de la Generalitat".
Además, la defensa quiere preguntar a los miembros de la JEC si existe algún "posicionamiento político" para "criminalizar" a Torra por "un gesto político como es exhibir pancartas en solidaridad con los presos políticos".
La Fiscalía ha pedido a la sala que rechace las peticiones de la defensa de Torra y ha negado que exista un "complot" por parte de los miembros de la Junta Electoral para llevar al banquillo de los acusados al presidente de la Generalitat.
Además, ha descartado que los magistrados cuestionados por la defensa estén contaminados: "No se puede concebir que los jueces estén en burbujas y no puedan dar nunca una opinión", ha indicado Bañeres, que ha defendido que un juez puede ser crítico sobre cualquier tema y ello no es argumento para recursarlo.
