El juez procesa a Ignacio González por fraude y malversación en el caso Lezo

Investiga la compra presuntamente fraudulenta por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao por la que se pagó en 2003 unos 30 millones de dólares.

Imagen de archivo de Ignacio González atendiendo a los medios a su salida de prisión.
Imagen de archivo de Ignacio González cuando salió de prisión

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la compra presuntamente fraudulenta por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao por la que se pagó en 2003 unos 30 millones de dólares.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el magistrado ha dictado un auto de procesamiento contra el exdirigente del PP de Madrid por los delitos de fraude a la administración y malversación de caudales públicos en relación a esta compra por parte del Canal.

García Castellón, que ha archivado la causa para 14 personas, también ha procesado a petición de la Fiscalía a Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica; al ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro; a la ex directora del Canal María Fernanda Richmond; al ex gerente de Triple A Ramón Navarro; al ex directivo de Inassa Diego Fernando García Arias; y, al representante de Emissao Sebastiao Cristovam.

En su auto, que es recurrible, el magistrado afirma que la compra de Emissao estuvo plagada de "ilicitudes y supuso una salida indebida de fondos públicos en perjuicio de la administración autonómica por un importe entre 6,4 y 9,6 millones de euros, debido al sobreprecio pagado por su adquisición".

Con el conocimiento de González -que presidió el Canal entre 2003 y 2012 y la Comunidad entre 2012 y 2015-, la empresa pública adquirió el 75 % de Emissao por 31 millones de dólares, cuando en realidad su valor oscilaba entre los 17,9 y los 22,2 millones.

En esos 31 millones estaban incluidos, según el juez, los 5,4 millones de dólares que los investigados se repartieron presuntamente en comisiones: para González, 1,8 millones; para los otros investigados 900.000 euros a cada uno, a excepción de Richmond, que facilitó la tramitación de la operación si bien no hay constancia de que recibiese mordidas.

Toda una operativa de transferencias -prosigue el auto- hechas por el ente público en cuentas radicadas en Suiza y Brasil, con comisiones que terminaron en distintas cuentas situadas en el extranjero a nombre de alguno de los investigados y sus sociedades interpuestas.

De todo ello, dice el juez, estaba al tanto González, que participó activamente: aceptó la propuesta de compra con un "sobreprecio indebido" que le hizo Luis Vicente Moro y encargó a su estrecho colaborador Edmundo Rodríguez Sobrino que gestionase la operación y garantizase el cobro de las comisiones.

En el caso Lezo están ya procesados los implicados en la compra presuntamente fraudulenta de la empresa colombiana Inassa por el Canal en 2001, con un "sobreprecio injustificado" de entre 19 y 29 millones de euros. El juez eximió de responsabilidad en esta pieza a los expresidentes madrileños Alberto Ruiz Gallardón e Ignacio González, pero no así a los catorce miembros del Consejo de Administración del Canal entonces.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha pedido "esperar a ver qué pasa" con el procedimiento del expresidente regional Ignacio González por fraude y malversación en el caso Lezo antes de hacer una valoración en profundidad al respecto.

"Como en todo proceso judicial (...) ya veremos lo que determina la justicia", ha señalado el portavoz a los medios, en los pasillos de la Asamblea, tras conocerse el procesamiento de González por la compra presuntamente fraudulenta, por parte del Canal de Isabel II, de la empresa brasileña Emissao por la que se pagó en 2003 unos 30 millones de dólares.

Y se ha limitado a agregar: "Me preocuparía más si, como es el caso que vamos a conocer en las próximas horas, hubiera un Gobierno como el de la Junta de Andalucía del PSOE con dos expresidentes condenados por usar el dinero de los parados en cocaína, en fiestas y en juergas.

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