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La ONU pide una "reparación efectiva" para una familia desahuciada en Madrid
La familia de Viviana López , de seis hijos, fue desalojada de un piso en Madrid propiedad de Bankia en junio de 2018.
El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha emitido, por tercera vez, un dictamen de condena a España por violar el derecho a una vivienda adecuada a la familia de Viviana López que, con seis hijos, fue desalojada de un piso en Madrid propiedad de Bankia en junio de 2018.
"Este recurso es algo muy grande, no solo para mí, sino para todas las familias que están pasando por lo mismo que nosotros. (Este dictamen) les da la esperanza de que sí pueden y tienen derecho a una vivienda para sus familias”, ha dicho este martes a los periodistas Viviana López, acompañada de su abogado y de representantes de Stop Desahucios Carabanchel y la Plataforma de Afectador por la Hipoteca (PAH).
La historia comenzó en 2013, cuando López alquiló un apartamento en el madrileño distrito de Carabanchel por 850 euros para vivir con sus seis hijos, uno de ellos ya mayor de edad. Tras un año pagando el alquiler, López descubrió que el arrendador no era el dueño del apartamento y dejó de desembolsar la renta.
Tras varias solicitudes de desalojo forzoso por parte de Bankia, en mayo de 2018 la perjudicada solicitó que, en virtud de su especial situación de vulnerabilidad, se aplazara el lanzamiento, que se rechazó pocos días después.
Inicialmente, López alegó que no tenía una alternativa habitacional adecuada ya que solo contaba con 735,90 euros mensuales de la renta mínima de inserción y que las autoridades públicas no habían ofrecido ninguna alternativa ante el inminente desalojo.
"El Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMV) nos negaron la inscripción para adquirir una vivienda -por encontrarse en situación de desalojo-. Me parece insólito que te nieguen la única salida que tiene una familia en esa situación", ha remarcado.
El 22 de junio, el Comité solicitó al Estado suspender el desalojo y “otorgarles una vivienda adecuada” con el objeto de “evitar daños irreparables sobre la autora y sus hijos”.
No se pudo evitar el desahucio y López y su familia han tenido que alojarse en diferentes albergues y, ahora, en la casa de otra familia que les “ayudó” pero también tienen una orden de desalojo.
“Es callejón sin salida y, no obstante, ni los juzgados, ni la Comunidad de Madrid, ni el Ayuntamiento, ni el Estado se hacen cargo de esta situación. No hay amparo institucional por ninguna parte”, ha denunciado el abogado Javier Rubio, del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES).
Fue Rubio quien llevó el caso de López y su familia numerosa al Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas quien, ahora, ha adoptado un dictamen en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con el "derecho a una vivienda adecuada" como cuestión de fondo.
Añade el dictamen seis "recomendaciones generales" para el Estado español, que tiene la "obligación" de "desarrollar un marco normativo que regule los desalojos de personas de sus viviendas"; o "adoptar las medidas necesarias para asegurarse de que los desalojos que afecten a personas sin recursos para procurarse una vivienda alterna, solo se ejecuten después de que haya habido una consulta genuina y efectiva".
El Comité da al Estado un plazo de seis meses para remitir una respuesta por escrito "que incluya información sobre las medidas que haya tomado en vista del dictamen y de las recomendaciones del Comité".
"Se pide asimismo al Estado parte que publique el dictamen del Comité, y que lo distribuya ampliamente, en un formato accesible, a fin de que llegue a todos los sectores de la población", concluye Naciones Unidas, que también ha solicitado suspender un desahucio programado para mañana en Vicálvaro hasta que se otorgue una "vivienda alternativa adecuada" a las necesidades de la familia desalojada.
