Los hechos represivos del franquismo deben ser contemplados por los tribunales españoles como crímenes contra la humanidad, lo que supone que sus actos contra los derechos humanos no prescriben y deben ser investigados judicialmente en la actualidad, según defienden sus víctimas.

Seis de ellas han presentado este lunes en Valencia nuevas querellas por detenciones y torturas sufridas en 1975 en la Jefatura Superior de Policía y de la Guardia Civil en esta ciudad.

Estas seis víctimas de la represión de la policía franquista han exigido que acabe la impunidad para los represores de la dictadura y que no se archiven sus denuncias, como ha venido sucediendo anteriormente con otras similares. Para ello, la clave está en la consideración de los hechos como crímenes contra la humanidad.

Los querellantes militaban en distintas organizaciones políticas de izquierda de entonces -MCE, PCE y PCE(m-1)/FRAP- y fueron detenidos "en las redadas que en el verano y otoño de 1975 practicó en Valencia la policía franquista contra cerca de un centenar de personas que pertenecían a grupos opositores a la dictadura".

"España es el segundo país del mundo en número de desaparecidos políticos", denunciaba en el Centro Cultural de la Beneficència (cedido por la Diputación para este acto) la abogada Aràdia Ruiz, quien hablaba así en nombre de los querellantes contra represores franquistas como los expolicías Antonio González Pacheco (Billy El Niño) y Benjamín Solsona, destacados miembros de la Brigada Político Social.

Cientos de campos de concentración, cientos de miles de exiliados y desaparecidos y otros tantos muertos componen un contexto de "aniquilación sistemática del enemigo ideológico" que debe ser considerada como crimen de lesa humanidad, ha explicado Ruiz.

La letrada sostiene que esta consideración anularía los argumentos que, hasta el momento, han impedido que se abrieran investigaciones judiciales contra hechos como los denunciados este lunes: la Ley de Amnistía anterior a la Constitución de 1978; el principio de legalidad penal y la no retroactividad; la prescripción de los delitos y la muerte de los posibles responsables.

Estos argumentos, recogidos en la jurisprudencia del Supremo y su sentencia de 2012, contraria a los escritos de las víctimas del Franquismo, se oponen al derecho internacional, tomando como base convenios firmados por España como es el caso de Nüremberg (1949), ha señalado Arádia Ruiz, después de cuya intervención han hablado las víctimas.

"La misma noche en que murió Franco, me soltaron", recordaba este lunes, frente a un micrófono, Antonio Molla, sindicalista torturado durante una semana en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Valencia y luego ingresado en prisión como represalia por sus actividades antifranquistas.

Las otras víctimas han hecho a su vez relato de los puñetazos, patadas y corrientes eléctricas sufridas, de las detenciones ilegales y de las ejecuciones simuladas, en buena medida protagonizados por el citado Solsona.

El expolicía ha sido denunciado con anterioridad por otros querellantes, en España y ante el Tribunal número 1 de Buenos Aires, en la conocida como Querella Argentina.

La titular de ese tribunal, la jueza Maria Servini de Cubría, emitió en 2014 una orden internacional de detención contra Solsona y otras dieciocho personas imputadas en esa causa por delitos de genocidio y/o de lesa humanidad cometidos durante el franquismo.

Estas querellas, como las presentadas en los juzgados de Valencia y Paterna, así como en Madrid contra "Billy el Niño", en Asturias contra el expolicía Pascual Honrado y en el País Vasco contra el capitán Jesús Muñecas, se enmarcan en las iniciativas que lleva a cabo CEAQUA y su organización en la Comunitat Valenciana.