La Audiencia Nacional ha vuelto a imputar en el caso Púnica al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, al estimar un recurso del PSOE contra el archivo de la causa contra él por usar presuntamente dinero público para pagar contratos otorgados a la trama corrupta para mejorar su imagen.

En un auto, la sección cuarta de la Sala de lo Penal admite el recurso contra el archivo de la causa contra el expresidente murciano al entender que el juez instructor del caso, Manuel García Castellón, no justificó las razones por las que consideraba que no había indicios de delito contra él.

En concreto, dice la sala que en la resolución de archivo del pasado abril el juez "omite toda mención a los hechos evidenciados en la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Cartagena", en referencia a posibles indicios de delito contra Sánchez por contratos sospechosos adjudicados con dinero de esas instituciones.

Por eso, cree que la resolución del juez no hizo un "control adecuado y racional" de la imputación de Sánchez y anula su levantamiento, obligando al juez a dictar una nueva "en la que, en su caso, se recoja con claridad y precisión la ausencia de indicios de criminalidad" contra el expresidente regional.

Sánchez vuelve así a estar investigado por su presunta participación en los contactos mantenidos para mejorar su imagen pública cuando era consejero de Educación, una resolución que afecta también al archivo de la causa del que fuera su asesor en la consejería, David Conesa.

El archivo decretado por el juez de la Audiencia Nacional se produjo unos meses después de que el Tribunal Supremo sobreseyera la causa contra la senadora del PP Pilar Barreiro en la pieza de Púnica relacionada con la contratación realizada por el Ayuntamiento de Cartagena, de donde fue alcaldesa, sobre publicidad institucional y de buena reputación política.

García Castellón estimó que si a juicio del Supremo el material probatorio contra Barreiro no era suficiente, tampoco podía serlo para incriminar a Sánchez.

El juez sostenía que contra el que fuera jefe del Ejecutivo regional solo existían "meras sospechas", por lo que no era procedente mantener abiertas las diligencias penales contra él como presunto autor de los delitos de cohecho, fraude y revelación de información reservada.

Esta decisión de García Castellón fue recurrida por el PSOE y también por la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba que no había incluido en su decisión los motivos por los que no veían indicios de delito contra el expresidente murciano.

Sánchez fue absuelto por la Audiencia Provincial de Murcia por el caso Pasarelas, en el que estaba acusado de prevaricación y falsedad, por una "indolencia" en la instrucción que llevó a que se rebasaran los plazos establecidos en la ley y aún le queda pendiente de juicio el caso Auditorio.

Este caso, también de presunta corrupción urbanística de su época de alcalde de Puerto Lumbreras, está investigado por fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada y lo llevó a dimitir al retirarle su apoyo Ciudadanos al sumarse a su investigación en la Púnica.