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Un tercio de los niños que quiere ir a una escuela infantil no puede

Save the Children calcula que hace falta una inversión de 1.600 millones para cubrir la demanda de plazas de 0 a 3 años y la gratuidad para los más pobres.

Varios niños asisten a una de las clases de la escuela infantil Las Hablillas de Cuarte.
Varios niños asisten a una de las clases de la escuela infantil Las Hablillas de Cuarte.
Ayto. Cuarte

España tiene uno de los porcentajes de escolarización de niños entre 0 y 3 años más alto de Europa, el 38% frente al 33% de media continental, pero la cifra es engañosa, según un estudio de Save the Children. La escasez de plazas y el hecho de ser una educación de pago provoca, según el informe, "una absoluta inequidad del sistema" y que las familias más desfavorecidas -cuyos hijos son justo los que más necesitan una formación temprana que reduce de forma drástica el posterior fracaso escolar y el abandono de los estudios- queden excluidas en su gran mayoría de las escuelas infantiles.

El trabajo de la ONG indica que un tercio de las familias españolas con niños de 0 a 3 años que querrían matricular a sus hijos en la educación infantil no logra hacerlo. En la mayoría de los casos se trata de los ciudadanos con bajos ingresos y la razón fundamental de no poder llevar a su hijo a un colegio infantil es que no pueden afrontar los precios de los centros públicos y menos de los privados. 

El resultado es que el 62,5% de los niños más ricos va a la escuela infantil, pero solo lo logra el 26,3% de los más pobres. Si se mira la nacionalidad, los inmigrantes residentes en España aún están más discriminados, pues el porcentaje de matriculación de sus hijos en estos centros es de 20 puntos menor que el de los españoles.

La barrera económica para acceder a estos centros es la citada por más de un 52% de los que quieren pero no pueden matricular a sus hijos. En ellos influye la escasez de plazas públicas a precios asequibles, los precios inasumibles para muchos de las privadas y la insuficiencia de ayudas públicas, que no llegan al menos al 30% de los más pobres. El problema se ve agravado -tanto en falta de oferta como en precios y ayudas- por la diferente situación en cada comunidad, que hace que en el País Vasco la matriculación de 0 a 3 alcance al 52,5% de los niños y en Canarias al 16%.

Otros motivos que impiden el aumento de la matriculación, y que siempre penalizan a los más desfavorecidos, son la enorme burocracia de solicitudes y ayudas, la rigidez de la oferta de horarios existentes para los padres con trabajos atípicos y precarios y, también, los motivos ideológico-culturales, que hacen que algunos padres minusvaloren la educación a estas edades, pese a que aumenta la natalidad, mejora la conciliación, aumenta la empleabilidad de la mujer, reduce la pobreza infantil y mejora mucho el rendimiento escolar en Primaria y Secundaria.

Faltan 394.000 plazas

Save the Children reclamó a los políticos que, para lograr la equidad y la mejora de la calidad en la escuela infantil, deben tomar tres medidas. Que tengan derecho a plaza de 0 a 3 años todos los niños que las demanden, que el Estado aporte fondos a autonomías y ayuntamientos para que se creen plazas públicas suficientes en las zonas más necesitadas y se garanticen plazas gratis para los escolares con menos recursos, y una regulación estatal para este nivel que mejore su calidad: ratios máximas, currículos, requisitos a los centros y al profesorado, etc.

La ONG calcula que para lograr el objetivo de que en 2030 el 70% de los españoles de entre 0 y 3 años estudie en una escuela infantil y que la plaza sea gratis para las familias más desfavorecidas haría falta invertir unos 1.640 millones de euros. Con ese presupuesto aportado a los largo de una década -anualidades adicionales de 164 millones-, se podrían crear 394.000 plazas públicas, unas 39.000 más por año. El presupuesto está calculado para que las familias con rentas medias y altas paguen un 25% de los gastos de los alumnos, con tarifas proporcionales a sus ingresos, y los poderes públicos el 75%, de media, y el 100% en el caso de los escolares más pobres.

La organización indica que esta inversión pública sería muy rentable pues, además de las ventajas en conciliación, natalidad y empleo femenino, permitiría ahorrar los 2.700 millones que cada año cuesta a las instituciones la repetición de curso y los 17.000 millones que se estima que provoca el abandono escolar temprano.

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