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Nacional

El juez envía a prisión a los siete CDR detenidos por delitos de terrorismo

La Fiscalía había solicitado esta medida por pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.

Traslado de los detenidos al juzgado
Traslado de los detenidos al juzgado
Efe

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decretado prisión provisional para los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos el lunes, a quienes la Fiscalía acusa de ultimar acciones terroristas de cara al próximo aniversario del 1-O, han informado a Efe fuentes jurídicas.

El magistrado ha atendido así el criterio de la Fiscalía y ha acordado el ingreso en prisión de siete de los nueve arrestados el pasado día 23 en Cataluña (los otros dos quedaron en libertad a la espera de comparecer ante el juez) por los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.

García Castellón ha tomado esta decisión tras tomarles declaración a lo largo de la mañana y al entender que concurren los requisitos necesarios para decretar la prisión para los siete, como son la gravedad de las penas que conllevan los delitos que se les imputan, la capacidad de destruir pruebas, la posible sustracción a la Justicia o el riesgo de reiteración delictiva.

Además, cree que existen indicios de que pudieron formar parte del denominado Equipo de Respuesta Táctica de los Comités de Defensa para la República, "una organización con una estructura jerarquizada que pretende instaurar la república catalana por cualquier vía, incluidas las violentas".

Dos de los detenidos, que han comparecido con abogados de oficio, admitieron ante la Guardia Civil, antes de pasar ante el juez, haber comprado y hecho pruebas para la fabricación de artefactos para "meter ruido" el 1-O, tras serles mostrados vídeos y documentos gráficos en los que aparecen algunos de los arrestados.

Los otros cinco, representados por letrados de Alerta Solidària, se han limitado a contestar a preguntas de sus respectivos abogados para desvincularse de las conductas y acciones que les imputaba la Fiscalía.

El Ministerio Público en un principio atribuía a los siete detenidos un delito de rebelión, si bien finalmente éste ha decaído, manteniéndose la integración en grupo terrorista, la conspiración para cometer estragos y la tenencia de explosivos.

Por el momento, la causa se mantiene bajo secreto mientras los investigadores analizan toda la documentación incautada en la denominada Operación Judas.

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