caso púnica
Aguirre y Cifuentes, imputadas por la financiación del PP madrileño
Tendrán que declarar los días 18 y 1 de octubre respectivamente. Esta decisión se enmarca dentro de la pieza 9 de la operación Púnica.
El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha citado como investigadas en octubre a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, así como a Ignacio González y varios exconsejeros madrileños.
En una providencia, el juez ha citado a decenas de personas como testigos e imputados por esta pieza de Púnica entre el 9 de septiembre y el 19 de octubre aceptando así las peticiones que le había hecho la Fiscalía Anticorrupción.
Concretamente ha emplazado a Cifuentes el día 1 de octubre y a Aguirre el día 18 del mismo mes para que comparezcan en la Audiencia Nacional en calidad de investigadas.
Cita a otros nuevos imputados en esta pieza como el también expresidente regional Ignacio González (citado el 17), los exconsejeros madrileños Juan José Güemes y Manuel Lamela (el día 14) y Borja Sarasola (el día 1 junto con Cifuentes).
En la pieza número 9 se investiga la posible financiación irregular de campañas del PP madrileño con dinero de empresas que resultaban adjudicatarias de contratos públicos como Indra (imputada también junto a su expresidente Javier Monzón y que tendrán que declarar el día 4) o mediante la fundación Fundescam, entre otros mecanismos.
Cifuentes: acusada de amañar contratos de Madrid para financiar al PP
El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha imputado a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes por beneficiar al empresario Arturo Fernández mediante el amaño de la adjudicación de contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid a cambio de sus aportaciones a las arcas del PP de Madrid.
El juez sostiene que uno de los métodos utilizados por el PP de la Comunidad de Madrid para obtener financiación de forma irregular fue el uso de la Fundación Fundescam para canalizar las donaciones que realizaron determinados empresarios y la Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM).
Arturo Fernández, vicepresidente de CEIM y presidente del Grupo Cantoblanco, habría realizado dos donaciones de 160.000 euros en 2007, año en el que Cifuentes era patrona de Fundescam y también miembro del comité regional de campaña del PP, para costear "de manera encubierta gastos electorales".
El juez, como hizo en su momento la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cree que esas donaciones se gratificaron posteriormente mediante la adjudicación desde la Asamblea de Madrid a sus empresas de contratos de restauración en los años 2009, 2011 y 2013.
En el año 2009 y 2011, expone el magistrado en su auto, hay evidencias de "conciertos dirigidos a beneficiar" a Arturo Fernández "amañando la adjudicación" de esos contratos. Para el primero de ellos, se estableció un sistema "ilógico" de valoración, según el cual los criterios subjetivos pesaban más que los objetivos. De ese modo, fue necesario crear un comité de expertos que integraron la propia Cifuentes, que era vicepresidenta de la Asamblea; la entonces jefa de los servicios jurídicos y también investigada, Tatiana Recoder; y la jefa de Protocolo, María Virtudes Merino.
Ninguna tenía experiencia en la valoración de criterios para adjudicar un servicio de restauración, pero, además, a las dos primeras no les importó que su participación en el comité "conculcase la legalidad vigente". Cifuentes presidía la mesa de contratación y Recader había hecho un informe jurídico sobre los pliegos, que lo avalaba pese a estar "cargado de irregularidades", sin denunciar ninguna de ellas.
Es decir, Cifuentes, como presidenta de la mesa de contratación, votó a favor de un informe técnico que ella misma había emitido, lo que contraviene la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Dos años después, el supuesto cabecilla de la Púnica, Francisco Granados, y el gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, junto a otros cargos del PP, incluida Cifuentes, utilizaron el mismo método y estrategia para volver a adjudicar el contrato al mismo empresario. Los criterios subjetivos valían hasta 80 puntos en la valoración; los objetivos, solo 20. También en 2011 Cifuentes formó parte del comité de expertos y presidió la mesa de contratación de la Asamblea, de nuevo formada por personas sin experiencia en la labor.
El juez atribuye a Aguirre un"papel esencial" en financiación ilegal
El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, atribuye a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre "un papel decisivo y esencial" en la presunta financiación irregular del PP de Madrid, hasta el punto que sospecha que fue quien "ideó la búsqueda de recursos" para costear las campañas que ella elegía.
Según el auto de imputación de Aguirre, el PP de Madrid financió "de forma opaca y fraudulenta" las campañas electorales autonómicas del 2007 y 2011 y las generales de 2008 "ocultando" el "verdadero coste" de las mismas y su financiación, "eludiendo de forma continuada y bajo un mismo patrón de actuación" las obligaciones de la Ley Electoral.
"La investigación arroja indicios racionales de que (Esperanza Aguirre) sería quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad", indica el magistrado de la Audiencia Nacional.
Campañas que, según puntualiza, "iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad".
Además de a Aguirre, el juez también atribuye "un papel decisivo y esencial" en la toma de decisiones a los que fueran sus más estrechos colaboradores, el expresidente madrileño Ignacio González y el exconsejero Francisco Granados, además de al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez.
El instructor del caso Púnica cree que Aguirre "se apoyó" en ellos, también imputados, para que "ejecutasen sus decisiones" y considera que "el impulso y la supervisión de todo el entramado" pivotaba en la presidenta de la Comunidad y a su vez de Fundescam, fundación "directamente vinculada" al PP de Madrid y que también sirvió como "trasvase de fondos".
El juez sitúa a Aguirre en la "más alta supervisión" de la contratación de varios servicios para la campaña de 2007 que superaban el coste previsto por la ley. Junto a González, Granados y Gutiérrez, "convinieron" la forma en que el PP "afrontaría el pago" de los mismos, de manera que fuese en realidad la Comunidad quien lo abonase "de manera encubierta".
Los hechos en los que se centra esta pieza, indica el juez, comenzaron en 2003 con la llegada al Gobierno madrileño del PP, "cuyos dirigentes fijaron una estrategia para obtener fuentes de financiación para el partido".
La primera, indica, se ideó en 2004 junto con el empresario Horacio Mercado, dueño de Over Marketing, a cuyas empresas se adjudicaron contratos de propaganda institucional de varias consejerías como "un ardid para poner la partida de publicidad de cada consejería al servicio del partido".
Según el auto, "el plan preconcebido, impulsado desde presidencia y vicepresidencia con el respaldo de otros consejeros (...), consiguió desviar entre los años 2006 a 2010 un flujo muy importante de fondos públicos" de diversas consejerías o de los entes públicos adscritos a ellas.
El juez menciona cómo algunos trabajos de reputación se contabilizaron como gasto electoral y, en concreto, estima que los realizados a Aguirre, González, los exconsjeros Salvador Victoria y Borja Sarasola y al exdiputado autonómico José Manuel Berzal "llegaron a alcanzar un importe global de 140.000 euros".
Y recuerda que en una reunión de 2012 con representantes de ICM (Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad) y del Canal de Isabel II, el sucesor de Aguirre, Ignacio González, pidió "un millón de euros para sanear la caja B" del PP de Madrid, que "había quedado maltrecha tras la 'fastuosa' campaña" de 2011 y "para empezar a recaudar fondos para el pago subrepticio de gastos electorales" de la del 2015.
