PSOE, PP, Ciudadanos y Vox libran a Borrell de explicar en el Pleno del Congreso si se espió a las 'embajadas' catalanas

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, no deberá comparecer ante un pleno extraordinario del Congreso para explicar si el Servicio Exterior espió a las delegaciones de la Generalitat en el extranjero, ya que los votos de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox han sido más que suficientes para derrotar la petición presentada por JxCat y ERC ante la Diputación Permanente.

No obstante, la decisión de este martes no impide que los grupos vuelvan a reclamar su comparecencia en la Comisión de Exteriores una vez que comience el periodo ordinario de sesiones. De hecho, esa ha sido la posición del Grupo Confederal de Unidas Podemos, que se ha abstenido porque cree que el ministro "debe tener la oportunidad de explicarse" pero en su Comisión, no en un pleno extraordinario, en palabras del diputado Joan Mena.

Bildu y el PNV han votado a favor y el resultado ha sido de seis votos a favor de la comparecencia extraordinaria (nacionalistas vascos y catalanes), 55 en contra (PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y CC) y ocho abstenciones (las del Grupo Confederal).

El origen de la petición es la documentación que la Abogacía del Estado ha aportado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para pedir que se paralice cautelarmente la actividad de las delegaciones de la Generalitat en Berlín, Londres y Ginebra y que, según 'eldiario.es' y TV3, incluía información reservada y comunicaciones entre la Generalitat sus delegaciones.

En el debate en la Diputación Permanente PSOE, PP, Ciudadanos y Vox han coincidido en cargar duramente contra la actividad de las delegaciones catalanas, por considerar que están dedicadas a dañar la imagen de España y a promover el secesionismo, pero 'populares' y 'naranjas' han lanzado advertencias al Gobierno.

Desde Ciudadanos, Edmundo Bal le ha advertido de que la Generalitat no habría podido reabrir sus delegaciones si se hubiera aplicado el artículo de la Constitución 155 o se hubieran mantenido los controles financieros a la Generalitat, que este Ejecutivo levantó. También ha emplazado a Borrell a denunciar por lo penal si cree que la Generalitat ha cometido delito de malversación en sus 'embajadas' en vez de contentarse con un recurso contencioso-administrativo.

"Frente a la inacción o la acción tardía del Gobierno, solicitamos una acción contundente para defender los intereses de España por medios legítimos", ha dicho el 'popular' José Ignacio Echániz. 

Cs: "Espionaje es lo que hace la Generalitat en los colegios"

Además, PP y Ciudadanos creen que quien espía es la Generalitat: Echániz ha señalado que lo que debe explicarse son "los graves informes del Consejo General del Poder Judicial" según los cuales ha habido acceso indebidos a ordenadores en los juzgados y el "espionaje a SCC". "Espionaje es lo que hacen ustedes a los niños en los colegios", ha espetado también Bal.

Todo ello en un debate en el que la diputada de JxCat Laura Borràs quería que Borrell explicase si las comunicaciones se intervinieron con orden judicial o si Exteriores "actuó por su cuenta desde la ilegalidad", por qué motivo, cuánto tiempo y con qué coste.

También si en ese "espionaje" hay información de llamadas a ciudadanos extranjeros, en particular a cargos electos, y si los servicios de inteligencia de los países donde están situadas esas oficinas estaban al tanto de lo que se hacía y habían dado su autorización. 

JxCAT: "Casi de vergüenza que Borrell vaya a la UE"

Para Borràs, "el ministro catalán del PSOE Josep Borrell se parece mucho al ministro catalán del PP Jorge Fernández Díaz que en su día puso en marcha la 'operación Cataluña' desde las cloacas del Estado". A su juicio, lo que ha llamado "Borrellgate" es "un capítulo más del serial de sus actuaciones en su "boicot a Cataluña" y por eso considera "casi de vergüenza" que el Gobierno español le haya propuesto para liderar la diplomacia europea.

Sus palabras han sido secundadas por Mertxe Aizpurua, de Bildu, que ha acusado al Estado de haber usado las mismas prácticas contra el "independentismo vasco", y por Carolina Telechea, de ERC, que ha advertido al Gobierno de que lo que está haciendo es dañar la imagen exterior de España. "Si rechazan su comparecencia --ha dicho a los diputados-- es porque comparten su paradójica visión de la democracia de que está aceptado espiar y silenciar al que no piensa igual".

Desde el PNV, Aitor Esteban ha afeado al Gobierno que sus únicas explicaciones hayan sido "salirse por la tangente" y ha advertido de que "no todo vale, por mucha razón de Estado que algunos quieran exhibir". Su grupo ha apoyado la petición afirmando que puede pensar que "cualquier administración autonómica puede estar sometida a espionaje por parte del Estado".

Borràs cree que el rechazo del TSJC a paralizar esas oficinas "demuestra que hay intencionalidad política en esa petición" y que las oficinas "son legítimas, necesarias e imprescindibles para la proyección exterior de Cataluña". Desde el PSOE, Ana Belén Fernández le ha respondido que el rechazo ha sido por un motivo de procedimiento y tanto ella como el resto de partidos no nacionalistas han cargado contra la actividad de las delegaciones.

"El Ministerio de Exteriores no tiene espías, tiene personal diplomático, funcionario y laboral, lo que ha hecho es ejercer su cometido de vigilancia y seguimiento de cualquier actividad que pretenda menoscabar la imagen de España, la actuación del Ministerio no es censurable", ha dicho la socialista Ana Belén Fernández.

Por Vox ha intervenido Javier Ortega Smith, que ha afeado a los independentistas que pretendieran convencerles "del buen hacer de las embajadas catalanas" cuando, en realidad, las pruebas del juicio del 'procés' demostraron que "en el mejor de los casos" se dedican "al desprestigio exterior de España, con mentiras y falsedades" y en otros "directamente con acciones delictivas".

"No estamos a la espera de una sentencia del Tribunal Supremo por haber votado", ha dicho, sino por una presunta comisión de delitos graves. "Dejen el rollo ya de que no pudieron votar", ha proseguido. Para Ortega Smith, es "lógico" que los independentistas no quieran ser investigados, porque en esas investigaciones se basan las pruebas del juicio.