IU denuncia a Gallardón por una presunta prevaricación en las obras de la M-30
Según la denuncia, registrada el 11 de julio, el modelo de gestión privada elegido ha supuesto "como mínimo, un quebranto de 2.000 millones de euros para las arcas públicas".
Izquierda Unida Madrid ha denunciado al exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón y a 13 personas más ante la Fiscalía Anticorrupción por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos en las obras y la gestión de Madrid Calle 30.
Según la denuncia, registrada el 11 de julio, el modelo de gestión privada elegido ha supuesto "como mínimo, un quebranto de 2.000 millones de euros para las arcas públicas".
"Con toda seguridad, estamos ante el expolio de patrimonio público más importante en términos cuantitativos de la historia de nuestro país”, según el exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y expresidente de la sociedad pública Madrid Calle 30, Carlos Sánchez Mato.
La denuncia que consta 76 páginas, incluye casi 18.000 páginas en 19 anexos, en las que se detallan las "gravísimas irregularidades" que deben ser investigadas por Fiscalía, asegura la formación en un comunicado.
Entre ellas, la elección de un modelo de gestión "sin estudio de viabilidad económica y sin justificación; connivencia con las empresas adjudicatarias de las obras; sobrecostes sin certificación o documentación que los justifique; pagos millonarios por infraestructuras y servicios que no existen o no se realizan".
Todo ello "a costa de los presupuestos públicos de Madrid" y con un beneficio "adicional y extraordinario para determinadas empresas privadas", que se encuadrarían en los delitos de "prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos de los artículos 404 y 432 del Código penal".
La comisión de investigación de la M-30 llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid en 2017 concluyó con un dictamen aprobado por el Pleno, que constataba "la ilegalidad de las obras realizadas" y que el modelo de gestión indirecta era "claramente lesivo para las arcas públicas, con más de 2.012 millones de euros de quebranto para el Ayuntamiento".
Por ello, este dictamen recomendaba "revertir, de manera inmediata, el modelo de gestión de la sociedad volviendo al modelo original de empresa 100% municipal y garantizando un minucioso control sobre el mantenimiento y la explotación de la infraestructura".
