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El juez del caso Villarejo prohíbe salir de España al hijo del excomisario

Ha adoptado esta decisión a petición de los fiscales tras tomarles declaración en el marco de la pieza Pit, sobre el encargo del naviero Ángel Pérez-Maura al excomisario para evitar ser extraditado a Guatemala.

Manuel García Castellón, el juez que investiga al excomisario Villarejo, a su llegada a la Audiencia Nacional.
Manuel García Castellón, el juez que investiga al excomisario Villarejo, a su llegada a la Audiencia Nacional.
EFE/Mariscal

El juez del caso Villarejo ha prohibido salir de España al hijo del excomisario, José Villarejo Gil, que deberá entregar su pasaporte en 72 horas y comparecer cada 15 días en el juzgado, y ha impuesto también una fianza de 15.000 euros al inspector jubilado Antonio Bonilla a abonar hasta el 24 de julio para eludir la prisión.

El juez Manuel García Castellón ha adoptado esta decisión a petición de los fiscales tras tomarles declaración este lunes en el marco de la pieza Pit, sobre el encargo del naviero Ángel Pérez-Maura al excomisario para evitar ser extraditado a Guatemala.

También ha declarado este lunes el exembajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría, al que el juez, también a instancias de la Fiscalía, ha impuesto comparecencias mensuales y la obligación de comunicar cualquier salida de España.

En su comparecencia, el hijo de Villarejo, que ya estaba imputado en la causa principal del caso, se ha desvinculado de la gestión directa de los negocios de su padre y ha asegurado que él se limitaba a administrar algunas de sus empresas.

Por contra, en el auto en el que el juez le impone las medidas cautelares, señala que figuraba como apoderado, junto al socio de su padre, el abogado Rafael Redondo, en las cuentas de las dos sociedades que recibieron pagos por Pit y de las que él "cobra su nómina".

Su nombre figura también "en multitud de correos intervenidos" como asistente a las reuniones de Pit y es quien "facilita" teléfonos de "seguridad" a los investigados, entre ellos a Pérez-Maura, con el que mantuvo una de esas reuniones junto a su padre, Redondo y el empresario Adrián de la Joya.

En esa reunión, del 26 de abril de 2016, Villarejo le dice a Pérez-Maura que está convencido de que el CNI está escuchando al naviero y le pide a su hijo que le dé un teléfono de seguridad, momento en el que De la Joya le reclama otro para él para hablar con Pérez-Maura y el excomisario le recuerda que con ese ya tendría cuatro.

Villarejo le explica al naviero que si le detienen y se lo intervienen que diga que es para una novia, "porque a la Policía cuando se le dice que es para un tema de chicas o sexual no suele analizarlo". Cuando se lo entregaron, fue el hijo del excomisario quien le explicó "el funcionamiento del teléfono", según el auto.

En cuanto al inspector jubilado Antonio Bonilla, el juez señala que su implicación en Pit concuerda con la que ha tenido "como integrante de la organización investigada" en otras piezas de la causa como Iron o Pintor y en las que facilita a Villarejo y a Redondo información de "las bases de datos policiales o accesible para la Policía Judicial", por lo que recibe 2.000 euros al mes procedente del Grupo Cenyt, empresa de Villarejo.

Fuentes jurídicas han señalado que en su declaración ha admitido que desde 2013 tenía un contrato de servicios con Cenyt y que realizaba análisis con la documentación que le entregaba Redondo, y ha señalado que en el marco de ese contrato también hizo análisis sobre los 11 países en los que está el BBVA, relativos a los riesgos para los empleados que trabajaban en esas zonas.

Ha defendido además que su intervención en Pit se ciñó a un viaje a Guatemala para presenciar la reunión que mantuvo un abogado norteamericano con Juan José Meseguer, gerente de la empresa de Pérez Maura y que fue investigado en este país por los hechos por los que se reclamó la extradición del naviero.

Ha explicado que Redondo le pidió estar presente porque al tratarse de un funcionario - él entonces se encontraba en segunda actividad-, si alguien impugnaba la comparecencia el podría dar fe de que la había presenciado.

Ligorría, por su parte, ha reconocido que se entrevistó unas dos veces con Villarejo porque en aquellas fechas "era un referente en España en la gestión de crisis", según ha indicado en declaraciones a los periodistas.

Ha rechazado haber intervenido para evitar las investigaciones a Pérez Maura en Guatemala y ha negado que el excomisario y el empresario Adrián de la Joya, también imputado en Pit, le prometieran auparle a la presidencia de su país.

"Eso es una fábula que no se sostiene", ha asegurado el exembajador, al que en junio del año pasado la Audiencia Nacional rechazó extraditar a Guatemala, que le reclamaba por blanqueo en relación con la financiación ilegal de la campaña presidencial de 2011.

El juez, sin embargo, señala que Ligorría "forma parte del equipo dirigido por Villarejo para desarrollar el proyecto Pit", según consta en archivos intervenidos al excomisario.

Además, De la Joya y el abogado Enrique Maestre, que fue quien presentó a Pérez Maura al excomisario, reconocieron ante el juez cuando fueron detenidos en mayo que el exembajador cobró por su participación en Pit, tal y como corroboran las anotaciones de pagos recibidos por Ligorría encontradas en el registro de la empresa de Pérez Maura, Pérez y CIA.

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