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Nacional

Protección de datos

"¿Quién quiere tener en su conciencia la culpa de un suicidio?"

La directora de la Agencia de Protección de Datos, Mar España, habla del caso de la trabajadora de Iveco que se suicidó tras hacerse viral un vídeo sexual suyo.

El vídeo sexual de la trabajadora de Iveco se compartío entre compañeros de la empresa
El vídeo sexual de la trabajadora de Iveco se compartío entre compañeros de la empresa
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Los hechos: Verónica se suicidó un sábado en la mañana. El viernes había abandonado su lugar de trabajo con prisas y el jueves había acudido a la dirección de la empresa Iveco acompañada de representantes sindicales para denunciar a un compañero por acoso sexual. Hacía cinco años ella le había enviado a ese hombre un vídeo con contenido sexual. Nunca autorizó su difusión.

Ahora, las certidumbres: el vídeo había estado durmiente durante ese tiempo, quien lo tuviera lo despertó al enviarlo a una o varias cuentas de mensajería, el que lo recibió también lo compartió.

Abiertas las investigaciones en ese pequeño universo, la sospecha: cada persona que compartió ese vídeo puede haber incurrido en responsabilidades penales y administrativas por violación de secretos y por incumplimiento de la ley de protección de datos.

"En primer lugar la responsabilidad recae en la primera persona que difunde el vídeo en contra de la voluntad de quien sale en él, o sin su consentimiento", afirma Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), organismo que ha abierto actuaciones de oficio sobre el caso de Verónica y ha pedido un informe a la Policía Nacional para comenzar a dirimir esas responsabilidades administrativas que pueden alcanzar multas de hasta 20 millones de euros.

"Quien lo recibe no tendría en principio ningún tipo de responsabilidad. Pero el que lo recibe y a su vez lo reenvía puede tener tanto responsabilidad penal, porque es un delito de 'sexting', como administrativa, por la violación de la normativa de protección de datos. Incluso si la grabación del vídeo ha sido consentida", subraya.

En un acuario simbólico, como el de una fábrica, donde los empleados son peces que se mueven dentro de una frontera de cristal de la que no se escapa hasta que termina el turno de trabajo, el perjuicio que sufre la víctima de la difusión de un vídeo sexual entre sus compañeros es difícil de cuantificar. "No hay que rasgarse las vestiduras cuando ya se ha producido el suicidio", advierte España.

"Estoy convencida que todos los trabajadores están consternados y se preguntan qué pudimos hacer que no hicimos". Más cuando el acoso creció durante dos semanas sin que hubiera una actuación contundente por parte de ninguna autoridad, mientras el pasado amenaza el presente, en forma de vídeo (o vídeos, en caso de ser más de uno).

Con esta idea se puede extrapolar el caso de Verónica a la teoría y a la aplicación general de la ley. "La responsabilidad afecta a todo el entorno laboral", prosigue la directora de la Agencia de Protección de Datos, quien aclara que no está prejuzgando el caso específico de Iveco. "No hablamos de haberlo intercambiado entre amigos, pero de forma teórica no se puede decir una cantidad concreta en cuanto a la sanción, porque hay que analizar caso por caso los agravantes y atenuantes".

Violencia de género

Entre los agravantes, uno extendería aún más la responsabilidad de cada individuo de ese colectivo laboral. Si las diligencias judiciales comprueban que quien inició la cadena de difusión ha sido una expareja el delito tendría la agravante de la violencia de género. "Partiendo de esa hipótesis, y de carácter general sin prejuzgar, si vinculas el 'sexting' con la violencia de género el delito se hace de carácter público y todos los que conocían que eso pasaba, ya fuera empresa, sindicatos o compañeros de la víctima, estaban obligados a denunciarlo", asegura España, cuya agencia mantiene abierto un expediente de oficio a 'La Manada' de Pamplona por la filtración de uno de los vídeos de la víctima, un caso en la fase de apelaciones.

En este tipo de delitos e infracciones hay un componente machista. "Si hubiera sido un hombre las consecuencias hubieran sido diferentes, pero parece que siempre da más morbo la difusión de un vídeo de carácter sexual de mujeres", reflexiona España. "A la mujer se le criminaliza enseguida. Lo que debería saber hasta el último trabajador de este país es que al recibir este tipo de contenidos debe denunciarlo y pararlo en el minuto uno. A veces por el mal uso de las redes sociales se puede cometer un delito. Estoy segura que los trabajadores que reenviaron el vídeo no eran conscientes del daño que estaban causando no solamente a la mujer, sino a sus hijos y su familia".

Con la premisa de la tolerancia cero, la AEPD trabaja con distintas instancias del Gobierno y con empresas como Google o Facebook para retirar los vídeos que infrinjan la normativa antes de que se hagan virales y el daño sea irreparable. Es cuestión de horas. Sin embargo, este vídeo no se alojó en internet bajo anonimato. Su difusión fue más prosaica. De móvil a móvil. "Cuando el caso esté en la vía de la instrucción judicial iniciaremos un expediente sancionador", anuncia España. "Los ciudadanos deben saber que se han endurecido muchísimo las medidas de reacción. Además, ¿quién quiere tener en su conciencia la culpa de un suicidio por haber reenviado un vídeo?".

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