Derivado de un entente entre PNV y UCD, la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que contempla la posibilidad legal de la incorporación de Navarra al País Vasco, ha actuado desde 1978 como un elemento de presión por parte del mundo nacionalista y de ETA, que siempre ha reclamado Navarra como parte irrenunciable en todas las mesas de negociación con el Gobierno, incluida la de Zapatero. No es algo nuevo ni sorprendente, pese a la gravedad de la exigencia y a la nula responsabilidad política de quienes juegan ahora a gobernar sin escrúpulos la Comunidad Foral, como se deriva de las últimas declaraciones del ministro socialista José Luis Ábalos, sin conocer cuáles son las fuerzas internas y los movimientos que siempre pendulan en el territorio vecino.

Navarra demuestra en las urnas, cada cuatro años, que quiere ser una Comunidad diferenciada, fiel a sus orígenes, a su historia y a su singularidad, dentro del proyecto común de España. El voto nacionalista en Navarra ha pasado en los últimos treinta años de un 10% a una representación de un 30% sobre 50 parlamentarios. Un cambio significativo, favorecido en parte por el oxígeno que ha insuflado al nacionalismo durante distintas épocas el Partido Socialista de Navarra. Por ejemplo, en 1996 cuando un gobierno presidido por el PSN acordó la creación de un órgano común permanente con el País Vasco, ratificado en ambos parlamentos y que se desmoronó por la dimisión del Ejecutivo. Y ahí reside el problema: Navarra ha votado mayoritariamente por un proyecto constitucionalista, pero el PSN sigue empeñado en mirar más al nacionalismo que a la voluntad de la mayoría de los navarros desde la realidad de una falta de liderazgo interno, que no ha resuelto desde la dimisión de Gabriel Urralburu en los años noventa. Ahora llega el PNV y pone como condición para apoyar la investidura de Sánchez el Gobierno de Navarra. Si el presidente cede lo hará ante Bildu. Un despropósito con graves consecuencias para la estabilidad de Navarra y de España.