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El Gobierno dice que corresponde al Supremo decidir si los presos independentistas vuelven a Cataluña tras el juicio

Es previsible que el traslado a cárceles catalanas sea solicitado por las defensas de los procesados una vez que el caso quede visto para sentencia.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá.
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá.
Efe

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado que es el Tribunal Supremo el que determinará si los políticos juzgados por el proceso independentista en Cataluña vuelven a cárceles de esta comunidad cuando acabe la vista oral, a la espera de sentencia, y ha añadido que "el Ejecutivo no tiene competencia al respecto".

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y preguntada al respecto, la portavoz ha situado en el Supremo la decisión. "Estaremos a lo que diga", ha asegurado sobre la posición del Gobierno.

Fuentes del Gobierno han explicado que se confía en que una vez visto el caso para sentencia, el Tribunal Supremo aclare si precisa que los presos permanezcan cerca o no, si pueden esperar el fallo fuera de Madrid, y que será ese el momento de tomar decisiones.

Es previsible que el traslado a cárceles de Cataluña sea solicitado por las defensas de los procesados una vez que el caso quede visto para sentencia.

Los abogados solicitaron ya el año pasado al juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, el traslado a cárceles próximas a sus casas mientras se producía la instrucción.

Llarena dejó entonces la decisión en manos de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, que acordó el traslado a cárceles de Cataluña de los presos. Posteriormente, ante el comienzo del juicio oral, el Tribunal Supremo requirió su traslado de nuevo a Madrid, donde permanecen.

La portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, ha asegurado este viernes que los presos independentistas "tienen derecho a estar cerca de sus casas" y que cuando finalice el juicio del Tribunal Supremo, solicitarán que vuelvan a prisiones catalanas para poder estar cerca de sus familias. Considera que esto es lo que establece la ley y que es la manera de "minimizar el daño que se está causando a estas familias".

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