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Nacional

Interés de facción

ACTUALIZADA 26/05/2019 A LAS 02:00
Meritxell Batet, nueva presidenta del Congreso.
Meritxell Batet, nueva presidenta del Congreso.
Ballesteros / Efe

Cuatro diputados electos no reúnen los requisitos legales para asumir su escaño y, además, juran su cargo por un régimen contrario a la Constitución. Por interés de facción, la presidenta Batet, que ha enseñado Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, simula ignorar un doble automatismo legal (el reglamento del Congreso y la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y finge escudarse en criterios ajenos para no actuar ‘motu proprio’. Eso le cuesta soportar en público una lección básica de derecho, impartida por el magistrado Marchena en una cuartilla. Su ganancia es que puede seguir siendo ambigua, como ya lo era en sus vaguedades federalistas. Su pérdida es perder autoridad y erosionar la del parlamento que preside.

El grandilocuente líder del PP, Pablo Casado, dijo de la sesión inaugural de la XIII Legislatura: "La historia de España no merece este escarnio", si bien el Congreso, como todos los parlamentos de Europa, ha visto cosas mucho más feroces o estrambóticas, lo sepa o no.

Es sabido cómo una tropa del general Pavía dispersó a los diputados en 1874, con más inteligencia de la que usó Tejero en 1981 (sin contar con que Pavía era republicano).

Los improperios de hoy son nonadas. Ningún boceras actual podría medirse con el aragonés Samblancat, ‘jabalí’ -término orteguiano- constituyente de 1931 por Barcelona, en la lista de Esquerra. ("Más vale hacer el jabalí que el cerdo", aducía). Samblancat está tan por encima de Rufián como su revista satírica y tragacuras ‘Fray Lazo’ lo está de ‘El Jueves’.

También ha decaído la injuria por elevación. Romanones definió refinadamente a un rival: «Es tan modesto que se cree inferior a sí mismo». Borrell ha calificado, con rápido verismo, los exabruptos rufiánicos como «mezcla de serrín y estiércol», una estulta inmundicia. En 2004, Labordeta llamó gilipollas a un oponente (y Manuel Marín le instó a disculparse). El 1 de agosto de 2013, los ‘borrokas’ del PP gritaron a Coscubiela una tosca letanía: imbécil, sinvergüenza, canalla...

Pablo Iglesias, fundador del PSOE y la UGT, enfermo, y airado por los abusos gubernativos, amenazó a Maura el 7 de julio de 1910 con el «atentado personal». Indalecio Prieto blandió una pistola el 4 de julio de 1934, mientras se agredían un socialista y un cedista. José Díaz amenazó de muerte a Gil Robles el 15 de abril de 1936 (los detalles los dio ‘Mundo Obrero’); y Galarza hizo lo propio con Calvo Sotelo, el 1 de julio de 1936.

Si Pablo Casado se alarma con el espectáculo en San Jerónimo, le conviene saber más de nuestro pasado parlamentario para escandalizarse con conocimiento de causa.

La avezada Pilar Cernuda vio en la jornada del martes rasgos «de circo y guardería». Pero lo grave será, más que esos teatrillos, que arraigue en España el ‘derecho de la chusma’, nuevo concepto acuñado a imitación del de ‘derecho vulgar’. El ‘Vulgarrecht’ nació en el siglo IV y llevó el derecho de Roma a la simpleza. El concepto depurado cedió ante otro menos elevado, la finura clásica quebró ante requerimientos históricos ineludibles y el término ‘ius vulgare’ (‘vulgus’, la multitud) cobró matiz peyorativo.

El paródico ‘derecho de la chusma’ sería un nivel más en esa degradación. El sarcástico término, de dura expresividad, es muy reciente, obra de José Manuel Pérez-Prendes, fallecido hace un año. En octubre de 2016 lo llamó ‘Pöbelrecht’, en alemán, y lo explicó así: «Cuando Ada Colau dice que ‘cumpliremos las leyes que nos gusten’, nos situamos en el derecho de la chusma». Esto es, que la ley incómoda se incumple; o, como hicieron los golpistas del Parlamento catalán, se sustituye arbitrariamente por otra.

El pasado 19 de abril, la presidenta Batet, antes de serlo, fue entrevistada por M. J. Cañizares en ‘Crónica Global’, diario digital catalán que leo desde que fue atacado por las violentas juventudes separatistas de Arran. Batet, entonces ministra, dijo que el PP es el culpable del auge del secesionismo en Cataluña, un diagnóstico inveraz por incompleto. Se dolió de las leyes ilegítimas que aprobó el ‘Parlament’ los «trágicos días» 6 y 7 de septiembre de 2017 y vivió «con dolor cómo Cataluña vulneraba los derechos de todos» con la ulterior declaración unilateral de independencia. Pero añadía esto: «Imponer el marco constitucional no nos va a conducir a ninguna solución».

A diferencia de Colau, que no acabó su carrera, Batet necesariamente sabe que el Estado debe imponer la legalidad constitucional, incluso mediante el uso de la fuerza, que posee en exclusiva. Max Weber lo llamó ‘Gewaltmonopol des Staates’ y es una noción quintaesenciada del Estado y archiconocida. Puesto que Batet ya no funge como profesora o ministra, ni como mera diputada, alarman su renuencia a imponer la Constitución allá donde se incumpla y su laxitud disciplinaria en el hemiciclo, con merma de su aún mal asentada autoridad. Eso es malo para todos.

¿Por qué obra así? Por tener ‘in mente’ las exigencias de Torra a Sánchez en Pedralbes y para no dañar los intereses del PSC en Cataluña. Se atisba la vía inquietante del ‘Pöbelrecht’, lo que debería escandalizar más a Casado que los ruidosos incidentes del pasado martes. 

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