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El Gobierno aprueba un plan para que la contratación pública tenga criterio social

Incentivará que sus proveedores tengan en plantilla personas con discapacidad, cuenten con planes de igualdad entre hombres y mujeres o fomenten la conciliación laboral.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.
Efe

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un plan de Impulso a la Contratación Pública socialmente responsable, que incentivará que sus proveedores tengan en plantilla personas con discapacidad, cuenten con planes de igualdad entre hombres y mujeres o fomenten la conciliación laboral.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha señalado que en las decisiones de contratación de las administraciones debe primar también la "vertiente social" y favorecer a las empresas contratadas que incluyen cláusulas sociales en favor del "trabajo digno, la inclusión, el comercio justo o el cumplimiento de los derechos laborales y de igualdad".

Ha explicado que en 2017 la contratación pública en España supuso el 9,53 % del PIB y 13,1 % del PIB en la media europea, con lo que ha considerado que "este acuerdo tendrá un importante impacto en la mejora de las condiciones sociales en las que desarrollan su trabajo las empresas".

Con el impulso de este Plan de consideraciones sociales en la contratación pública, las empresas con trabajadores con discapacidad, que dispongan de planes de igualdad entre hombres y mujeres, fomenten la conciliación laboral y tengan buenas condiciones salariales y laborales tendrán mayores posibilidades de convertirse en proveedores de la Administración y ganar las licitaciones.

El Plan sistematiza y recopila todas las previsiones que la Ley de Contratos del Sector Público contempla en materia de contratación pública estratégica socialmente responsable.

En torno a quién puede contratar con la Administración, el Plan señala que serán excluidas las empresas que no cumplan con su obligación legal de tener una cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 % para personas con discapacidad o se podrán rechazar ofertas por vulnerar la normativa social o laboral, además de que se tendrá en consideración la calidad de la prestación.

El Plan incorpora la previsión de creación de un grupo de trabajo en el seno de la denominada Comisión interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública e impulsará la formación de los gestores que desde el sector público estatal sigan las nuevas orientaciones.

Extender la contratación pública con aquellas compañías que se preocupan por la política social también incentivará a las empresas para que den servicios socialmente responsables, ha puntualizado Celaá.

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