tribunales
Detenidos dos policías por las filtraciones en el caso Cursach
Los agentes son un subinspector de la unidad de Blanqueo de Capitales de la jefatura de Palma y una antigua jefa de este grupo.
La Policía Nacional ha detenido a dos agentes del cuerpo por su presunta implicación en el caso de filtración de datos de la investigación de la trama de presunta corrupción en torno al empresario Bartolomé Cursach.
Fuentes cercanas al caso han informado este martes de que los detenidos son un subinspector de la unidad de Blanqueo de Capitales de la jefatura de Palma y una antigua jefa de este grupo que actualmente está destinada en Madrid, donde se ha producido su arresto.
Estas dos detenciones se suman a las de otros dos agentes practicadas el 18 de diciembre pasado en el marco del mismo caso, que instruye el juez del caso Cursach, Miguel Florit, quien abrió una pieza secreta para investigar presuntas filtraciones de datos reservados a medios de comunicación.
Florit está a su vez investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares como presunto autor de un delito de prevaricación por ordenar la incautación de teléfonos móviles y material informático de dos periodistas de la Europa Press y Diario de Mallorca y por controlar las llamadas telefónicas de esos informadores y sus medios, así como de una redactora y de la delegación de la Agencia EFE en Palma.
Los dos detenidos en diciembre también habían estado integrados en el grupo de Blanqueo de Capitales que investigó la actividad empresarial de Cursach a instancias del anterior juez instructor del caso, Manuel Penalva, que fue apartado de la causa tras ser recusado por posible pérdida de imparcialidad.
El Tribunal Superior de Justicia excluyó este lunes de la instrucción de la querella por prevaricación contra el juez al fiscal Anticorrupción Joan Carrau, pero avaló la imputación de Florit.
La sala civil y penal del alto tribunal autonómico consideró que hay indicios de que la requisa de móviles y el control de las llamadas telefónicas de periodistas podrían suponer una vulneración del derecho al secreto profesional protegido por la Constitución.
