En España hay en activo unos doscientos generales y almirantes, de cuatro grados jerárquicos. En Francia y el Reino Unido son quinientos; novecientos en EE. UU. y dos mil (¡!) en la triste Venezuela ‘bolivariana’. Los mandos militares españoles tienen buena preparación media, alta en ciertas especialidades. Sin idealizarlos, su aptitud es claramente elevada en comparación con la llamada ‘clase política’. La sociedad lo percibe y el juicio a los golpistas actualmente en curso va a producir un efecto similar respecto de los jueces y fiscales. Unos y otros visten uniforme.

El uniforme se usa para despersonalizar. Exhibe una calidad abstracta. El juez o el fiscal con toga representan la justicia, como el abogado. Todo militar de uniforme representa a la milicia. El uniforme de un general es sustancialmente idéntico al de un sargento y entre el juez y el abogado las diferencias de atuendo son detalles menores para precisar la función o el rango en el grupo. Esas vestimentas son tan relevantes que es ilícito usarlas sin derecho a ello.

En España, jueces y fiscales, en número pequeño, pero apreciable, van del foro a la política y -he aquí el problema- vuelven desde esta al foro sin impedimento relevante. Que ello sea legal no impide discutir la conveniencia deontológica de tal práctica, sobre todo si la estancia del juez o del militar en la política ha sido la adhesión formal a un partido. No es aconsejable que un juez y el acusado a quien sentenciará hayan sido correligionarios. Tal situación obra en daño genérico de la judicatura, la erosiona, porque perjudica a su necesaria apariencia de neutralidad. La ley no solo pide (y garantiza) independencia al juez: también le obliga a guardar no ya la actitud íntima, sino también la apariencia, que se considera requisito básico del oficio de juzgador.

Los militares que van a la política partidista y electoral disponen también de una vía semejante de ida y vuelta (Ley 39/2007; R. D. 1111/2015). El retorno se hace, pues, sin ninguna dificultad legal. Es una vía expedita, desembarazada de obstáculos en el camino de vuelta.

Nuestra reciente tradición democrática y constitucional, generada por la Transición, ha creado un hábito mental virtuoso: los uniformes militares y la acción política partidista no casan bien. El militar tiene un deber exigible de neutralidad política y ha de mantener «estricta neutralidad pública» en relación, precisamente, con los partidos y con los sindicatos. Mientras está en activo o en la reserva (el retiro es situación diferente) no debe contaminarse políticamente y en eso, por la naturaleza armada de su profesión, ha de ser más cuidadoso aún que un juez o un fiscal.

Milicia y política

El militar que entra en política pierde su condición plena de militar o le queda suspendida. Como el juez, la puede recuperar (acaso demasiado fácilmente), pero no así la fama impoluta de neutralidad.

Los militares más noticiosos lo fueron, hasta 2015, por sucesos sin connotación partidista: la acosada excomandante Cantera, el teniente-novelista Segura (que grabó de tapadillo a su general), el pionero teniente coronel homosexual Sánchez Silva y poco más.

Los casos más recientes y llamativos son los de un general adherido a Podemos y cinco (hasta ahora), más un coronel, afectos a Vox. Legalmente, no son militares en sentido pleno. Están en retiro y no hay nada ilegal en su conducta, pero eso no la hace necesariamente apropiada en nuestro país, en cuya historia contemporánea han sobrado espadones de todo color.

El militar es un ciudadano peculiar que se compromete a guardar y hacer guardar la Constitución y «si preciso fuera, a entregar su vida en defensa de España». Libre mente lo asume y se sujeta a la fuerte disciplina castrense. Nadie ofrece tanto. En los últimos decenios, han probado con hechos su adhesión a la Constitución y a sus valores morales, democráticos y patrióticos, estrechamente vinculados entre sí; y unos cuantos, mujeres y varones, han muerto en servicio. Así han logrado transmitir que no son juguete de nadie en particular y una valiosa imagen de probidad, neutralidad y eficacia.

Los porqués dados por los exgenerales que van a liderar listas políticas no son opacos ni difíciles de entender. Habrá quien les aplauda y les vote. Los candidatos están sin duda en su derecho, pero no aciertan en lo principal, que es preservar la imagen, trabajosamente lograda, de ese interesante patriotismo políticamente neutral que caracteriza a los uniformados. Por lo demás, ni Podemos ni Vox son entusiastas de la Constitución, cuya alteración radical predican.

Hay actividades en las que muchos militares que han ejercido mandos complejos contribuyen a la mejora del país, pero ajenos a idearios partidistas. Lo hacen en ámbitos variados, como analistas, docentes, asesores o gestores.

Es raro, además, que los generales sepan hacer política en primera línea. Están muy preparados, pero, como los jueces, no para algo que es casi la antítesis de lo que de veras saben hacer bien. La política, en fin, suele decepcionarles.