paternidad
Igualdad afirma que el decreto ley que amplía los permisos de paternidad es "perfectamente constitucional"
Se ampliaría así el permiso a ocho semanas en 2019, 12 en 2020 y 16 en 2021, equiparándolo al de maternidad.
El Ministerio de Igualdad sostiene que el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo "es perfectamente constitucional". Esta iniciativa incluye la ampliación del permiso por paternidad a ocho semanas en 2019, 12 en 2020 y 16 en 2021, equiparándolo así al de maternidad.
Así lo han recalcado fuentes gubernamentales a Europa Press, después de que el Congreso haya pedido un informe jurídico sobre este decreto ley ante las dudas de constitucionalidad planteadas por Ciudadanos.
La norma, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de abril, no ha podido ser calificada por la Mesa de la Cámara baja, que volverá a reunirse este jueves para examinar el dictamen de los letrados.
"Este jueves veremos que es perfectamente constitucional", han incidido estas mismas fuentes del Gobierno. Según han explicado a Europa Press, antes de aprobarse el decreto ley en Consejo de Ministros se hicieron las consultas pertinentes a la Abogacía del Estado, que no expresó dudas al respecto.
Para el representante de Ciudadanos en la Mesa del Congreso, Nacho Prendes, el decreto ley del Gobierno alega que modifica la Ley Orgánica de Igualdad de 2007 y la legislación prohíbe que las leyes de rango orgánico puedan ser modificadas por una norma extraordinaria como el decreto ley.
"NO TOCA" EL RANGO ORGÁNICO
Sin embargo, fuentes del Gobierno han recalcado que el decreto ley "no toca" el rango orgánico de la norma y, por ello, ha defendido su validez. "Y mañana se verá", han reiterado estas fuentes, en referencia a la reunión de la Mesa de la Cámara baja prevista este jueves para examinar el dictamen de los letrados.
Los letrados deberán examinar si esos cambios afectan al carácter orgánico de la Ley de Igualdad o sólo se refieren a aspectos ordinarios de la norma, y al final emitirán un dictamen cuyas consecuencias este miércoles no están claras. Según Ciudadanos, el decreto podría decaer si los letrados concluyen que hay una clara inconstitucionalidad, mientras que desde el PSOE alegan que es imposible que la Mesa de la Cámara impida la tramitación.
Fuentes parlamentarias precisan a Europa Press que sólo una inconstitucionalidad flagrante podría llegar a parar el trámite de la convalidación del decreto ley, ya que las competencias de la Mesa de la Diputación Permanente están muy limitadas.
A priori, el criterio es que, si hay dudas de interpretación que exigirían muchas explicaciones, la constitucionalidad o no de una norma no la debe resolver el Congreso, sino el Tribunal Constitucional, que es el órgano adecuado para ello. Y los grupos siempre pueden recurrir al TC.
