El exresponsable de Diplocat se refiere a los observadores del 1-O como "visitantes" a los que sí se pagó

El que fuera secretario general del Consejo de la Diplomacia Pública (Diplocat) Albert Royo ha negado este miércoles durante su declaración como testigo en el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo que desde dicha institución se organizara y retribuyera la presencia de observadores internacionales para el referéndum del 1-O, si bien ha reconocido determinados pagos, como el de 49.531 euros en hoteles de lujo y vuelos a un grupo de "visitantes" entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2017.

"No dimos ningún honorario a observadores internacionales, no teníamos contratados observadores electorales", ha manifestado a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, para señalar en otro momento que las actividades del Diplocat no tenían que ver con las realizadas por la Consejería de Exteriores del exconsejero Raül Romeva.

No obstante, y respecto a este "grupo de expertos" que estuvieron en Cataluña desde días previos al 1-O Royo ha terminado reconociendo que "querían estar en Cataluña en esas fechas para ver lo que sucedía". 

"Les pedí que se reunieran con Millo"

A preguntas de la Abogacía del Estado el testigo ha dado más detalles sobre el viaje de los citados "visitantes", a los que según el testigo el Diplocat les dio "total autonomía" para trabajar y "hablar con quien quisieran". "Lo que les pedíamos es que fuese un proyecto científico intachable", ha recalcado, para insistir en que, de hecho, él mismo les sugirió que se reunieran tanto con el entonces delegado del Gobierno, Enric Millo, como con representantes de la Generalitat.

Por su parte, el abogado de la acusación popular que ejerce Vox, Javier Ortega Smith, ha querido saber por qué dio poderes de una cuenta bancaria al exrepresentante del Diplocat en Bruselas Pol Santaló, a lo que el testigo ha contestado que éste le explicó que iban a organizar "muchas actividades" allí y por eso necesitaba fondos. Royo no recuerda si fue antes o después del referéndum, pero sí que fue anterior a la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre porque fue cesado tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Más tarde, en respuesta a las defensas, Royo ha justificado llamar "visitantes" y no "observadores" a los parlamentarios que estuvieron en torno al 1-O porque "una misión de observación electoral no tiene nada que ver" con lo que hubo en Cataluña en esas fechas. El Diplocat, con la invitación de esas personas, no podía "hacer eso" porque "la observación tiene que hacerla alguien de fuera del territorio, ya que, de lo contrario, no tiene ninguna credibilidad". Y además, la misión de observación suelen llevarla a cabo "grandes organizaciones internacionales".

A lo largo de toda su declaración -que ha realizado a pesar de estar imputado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la organización del 1-O- el testigo ha tratado de desvincularse de la acusación que pesa contra él en dicha causa, en la que obran informes de la Guardia Civil que acreditan que con una tarjeta de Diplocat a su nombre se pagaron los gastos de los observadores internacionales en su viaje a Cataluña.

Según su versión, en estos informes la policía judicial incurre en un "error" al vincular el Diplocat -un consorcio cuyo presupuesto procedía casi en su totalidad de la Genelalitat- con decisiones del exGovern. La labor del organismo del que era responsable, según ha insistido Royo, era "explicar la realidad catalana mediante actividades de "diplomacia pública", muchas de ellas desarrolladas a raíz de la consulta del 9-N.

El testimonio de Royo ha estado dirigido en todo por momento a apuntalar esta visión y por ello el exresponsable de Diplocat ha ido rechazando y matizando el sentido de cada una de las actividades que le iban indicando tanto la fiscal Madrigal como la abogada del Estado Rosa María Seoane o el abogado de Vox.

"Cuando hable, no me interrumpa", le dice Marchena

Así, Royo ha contestado a preguntas de Consuelo Madrigal señalando que no le consta que Diplocat organizara foros sobre independencia, momento en el que ha comenzado a leer el listado de actividades obrantes en la Memoria de este órgano correspondiente a 2017. Interrumpido por el presidente del Tribunal, Manuel Marchena, que le ha pedido que se ciña a responder a las cuestiones planteadas, Royo ha tratado de seguir explicándose, lo que ha obligado al juez a interpelarle: "Cuando hable, no me interrumpa".

La fiscal también le ha preguntado por Lloyd Dalziel y John Ault, quienes aparecen en los correos electrónicos incautados por la Guardia Civil a Romeva, y en los que hablaba con sus colaboradores, entre ellos Royo, sobre los pagos que se deberían hacer a los observadores internacionales y su alojamiento en hoteles de primera clase.

Sobre los subsiguientes abonos de hoteles mediante una tarjeta de Diplocat a su nombre, Royo ha admitido el efectuado por favor de 40.591 euros que ha vinculado con un "programa de visitantes internacionales" que se desarrollaba de forma habitual, "casi todos los meses" con independencia de que ese en concreto tuviera lugar entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2017.

Otras visitas, ha explicado se vinculaban a otras fechas relevantes, entre la que ha dictado la "consulta de 20014" (9-N) aunque también San Jordi, la apertura de la primera fosa de víctimas del franquismo o el 80 aniversario de la Guardia Civil 

Se adelantaron 54.030 para un análisis que fueron devueltos

La fiscal le ha preguntado también del pago de 54.030 euros mediante una transferencia realizada el 6 de octubre de 2017 y procedente de una cuenta en Reino Unido. En el concepto se lee 'WIM KOK REFUND' si bien este pago fue devuelto por la citada organización.

Royo ha explicado que este adelanto obedecía a un encargo realizado a una empresa del ya fallecido Kok, que fue primer ministro de Holanda entre 1994 y 2002, ya que esta persona era un experto en comunicación. Se le contrató para resumir un "trabajo académico sobre el contexto político en Cataluña y sus relaciones con España", si bien no se pusieron de acuerdo en las fechas del trabajo y el dinero fue devuelto.

Un tercer bloque de gastos cuestionados por la Fiscalía se refieren a la contratación de una página web en la que se ofrecían noticias de medios catalanes traducidas al inglés, que comenzó a funcionar en 2015 con un coste de 2.700 euros anuales llegando a un total de 89.100 euros.

En este punto Madrigal ha preguntado por la razón por la que el coste anual de esta página quedara "pendiente" de pago desde julio de 2017, cuando comenzaron los controles de Hacienda sobre los gastos de la Generalitat. Royo ha atribuido esta circunstancia a cuestiones que no conoce y que llevaría su equipo de contabilidad, si bien ha apuntado que supo que se habían pagado más tarde, después de que él fuera cesado el 30 de octubre de ese año.