El administrador del hotel Travé de Figueres (Girona) ha denunciado este miércoles en el Tribunal Supremo que recibió numerosas llamadas con insultos y amenazas de boicot si no echaba al centenar de agentes de la Policía Nacional desplazados a Cataluña por el 1-O que alojaba en su establecimiento.

El administrador, que ha pedido que no se difundiera su imagen en su testifical en el juicio a la cúpula del procés en el Tribunal Supremo, ha detallado que cuando en septiembre alojó a un centenar de agentes de la Policía desplazados a Cataluña por el 1-O se llevaron a cabo a las puertas del local dos manifestaciones pacíficas, una a favor de los agentes y otra en contra.

A preguntas de la abogada del Estado, María Seoane, el testigo ha detallado que aquellos días recibió "numerosas" llamadas, hasta el punto de que tuvieron que desconectar el teléfono, en las que les presionaban para que echaran a los policías, les insultaban y les amenazaban con boicot.

Debido a ello, avisó a los agentes, por lo que se estableció un perímetro de seguridad en el hotel.

Antes que él, otro director de un hotel donde se alojaron los agentes, el Hotel Gaudí de Reus (Tarragona), también ha confirmado que se produjeron concentraciones dos días en los que hubo "mucha gente", en este caso siempre de gente contraria a su presencia, que coreaba consignas como "fuera policía" y "fuera las fuerzas de ocupación".

Ha explicado que el primer grupo de agentes, de unas cuarenta personas, llegó el 12 de septiembre, y el segundo a partir de 19. En total hubo en torno a 110 o 115 agentes hospedados en el local.

El testigo ha detallado que también había concentraciones de "pocas personas" por la noche frente al hotel: iban entre quince y veinte activistas, se hacían fotos, las subían a Internet y se iban.

Ha indicado además que "directamente" no recibió "ninguna petición" por parte de grupos municipales para que echara a los agentes de su establecimiento y que los policías se fueron cuando se acabó su reserva y ya no tenían disponibilidad de más alojamiento en el local.

Una juez de Reus mantiene imputados al alcalde de la localidad, Carles Pellicer (PDeCAT), a los portavoces de los grupos municipales del PDeCAT, Montserrat Vilella; AraReus, Jordi Cervera, y ERC, Noemí Llauradó -que al ser diputada es aforada, por lo que deberá pronunciarse el TSJC- y la concejal de la CUP Mariona Quadrada, por firmar un manifiesto contra el alojamiento en el hotel Gaudí del centenar de agentes de la Policía desplazados por el 1-O.

El texto invitaba a los hoteleros a "hacer lo que fuera necesario" para no alojar a los policías tras las cargas del 1 de octubre y se leyó en una concentración realizada el 3 de octubre en protesta por las mismas.