El final de la legislatura está siendo lamentable, lo que provoca mayor inquietud ante un incierto futuro de gobernabilidad y estabilidad. La retahíla de insultos, descalificaciones, acusaciones, falsedades y manipulaciones ha superado el listón de lo admisible y ha hundido a mínimos históricos la credibilidad y el nivel ético de dirigentes y partidos. Mucho postureo y demasiados discursos huecos denotan la poca preparación, escasa altura del debate y la falta de proyectos de Estado y de sentido común. El adelanto electoral es un claro ejemplo de fracaso del que todos son responsables, especialmente el Gobierno y sus socios. Y para que nadie se equivoque, la clase política no es el reflejo del conjunto de la sociedad española en general, y de la aragonesa en particular. Por mucho que lo repitan quienes tienen una trayectoria personal y profesional inexistente o de dudosa consistencia. Hay excepciones, por supuesto, pero tan escasas que confirman la regla. El arranque de la precampaña para las generales del 28-A no reduce el desasosiego que provoca la falta de medidas eficaces contra el paro, la precariedad laboral o la ralentización del crecimiento económico. Ni rebaja la desafección hacia una política cada vez más alejada de la realidad social y en la que los supuestos líderes solo aspiran a ganar el partido de penalti injusto en el último minuto de la prórroga. El problema es que el bipartidismo ha sido sustituido por una guerra entre dos bloques donde el sentido de Estado y la ideología quedan en el cajón de los recuerdos frente al auge de oportunistas, eslóganes y radicalización de cara a la galería. El PSOE de Sánchez es rehén de Podemos y el PP de Casado de Vox. Y Cs, ni sabe ni contesta. Esta carencia de transversalidad aboca a depender de extremos y de nacionalistas e independentistas. Es decir, a bloquear otra legislatura, dañar la economía, fracturar la sociedad, arriesgar el sistema de pensiones y dejar al Estado en la quiebra. Una vez más.