Si los dirigentes secesionistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo esperaban que las declaraciones de Rajoy y de Sáenz de Santamaría ofreciesen resquicios que pudieran aliviar los cargos, lo cierto es que se equivocaron. Los magistrados deberán valorar el conjunto de pruebas y testimonios, pero los aportados por el expresidente y la exvicepresidenta avalan de manera contundente la gravedad de los delitos cometidos.

Los testimonios que Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría prestaron ayer ante el Tribunal dejaron bastante claras algunas cuestiones, al menos desde la perspectiva de quienes ejercían, en el momento de producirse la intentona separatista en contra de la Constitución, las máximas funciones en el Gobierno de la nación. En primer lugar, los dirigentes independentistas no podían llamarse a engaño sobre la radical ilegalidad de lo que estaban haciendo, pues habían sido reiteradamente advertidos. En segundo lugar, en algunos momentos se produjeron actos de violencia. Y finalmente, la declaración de independencia no podía de ninguna manera tomarse como un acto meramente simbólico y sin posibles consecuencias prácticas.

Corresponderá a los miembros del Tribunal valorar estas declaraciones y sopesarlas junto a los demás testimonios y pruebas, pero está claro que lo que ayer se dijo en el Supremo, lejos de mostrar resquicios para aligerar la culpabilidad de los acusados, como quizás sus defensores esperaban, viene a acreditar la gravedad de su conducta, en línea con las tesis que sostiene la Fiscalía.

Dado el empeño de la propaganda independentista por generar confusión, no está de más subrayar que de ninguna manera, ni en la sesión de ayer ni en ninguna otra, se está juzgando la actuación del Estado y de sus organismos, sino las acciones de unos dirigentes autonómicos irresponsables, que generaron una situación inadmisible en cualquier democracia.