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Nacional

Revocada la entrega temporal a EE.UU. de Villalobos, exviceministro de Chávez

Su estancia se prolongaría 12 meses y el juez puso como condicionantes que el plazo no superara los 6.

Sede de la Audiencia Nacional en Madrid.
Sede de la Audiencia Nacional en Madrid.
Wikipedia

La Audiencia Nacional ha revocado la decisión de entregar de forma temporal a Estados Unidos a Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela con Hugo Chávez, para ser juzgado allí por blanqueo, al haber informado las autoridades estadounidenses que su estancia se prolongaría 12 meses.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la sección segunda de lo Penal cree que la autorización para su traslado a EEUU excede el límite de los seis meses en los que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno condicionó la entrega para evitar dilaciones en las causa que se siguen contra él en España.

De este modo, la Sala admite el recurso contra la entrega que interpuso la defensa de Villalobos, que argumentó, entre otros motivos, la falta de "compromiso vinculante" de Estados Unidos en la devolución del reclamado, acusado de blanquear dinero procedente de actividades de corrupción en la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Al conceder en un principio a la entrega, a la que el propio Villalobos accedió en diciembre de 2017 antes de decidir recurrirla, el juez Moreno puso como condicionantes que el plazo no superara los 6 meses y que EEUU se comprometiera a ponerle a disposición de la Justicia española en el plazo de un mes de ser requerido.

En noviembre, Estados Unidos envió al juez una nota verbal en la que anticipaba que el proceso se prolongaría al menos 12 meses y "según se vaya acercando el plazo, los EEUU avisarán a las autoridades españolas si el retorno debe retrasarse por la continuación del proceso contra él", decía la comunicación.

Para la Sala, se trata de un plazo "no sólo indefinido sino excesivo para los fines" de la entrega temporal, lo que genera "una notable dilación del proceso seguido en España, sin duda complejo, pero cuya culminación debe priorizarse".

Además, un periodo tan largo de entrega con causas pendientes, "afectaría tanto a la propia defensa del reclamado, quien estaría alejado de las diligencias que se practiquen mientras esté ausente (...) como a los derechos del resto de investigados".

El juez Moreno instruye la causa referida a un delito de cohecho internacional en relación con los supuestos sobornos que habría concedido el grupo español Duro Felguera a funcionarios bolivarianos de alto rango a cambio de contratos.

La justicia estadounidense, concretamente un tribunal de Texas, acusa a Villalobos de dos delitos de blanqueo y de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, delitos que suman una pena máxima de 45 años de cárcel.

Según EEUU, en 2011 Villalobos "participó en una conspiración con un grupo de funcionarios de alto nivel" de PDVSA para pedir sobornos a vendedores, algunos de ellos estadounidenses.

A cambio, añade la reclamación, les ponía en conexión con empleados de PDVSA para que les dieran contratos.

Dos de esos clientes fueron Roberto Rincón y Abraham Shiera, que reconocieron haber pagado sobornos por contratos con PDVSA y fueron condenados por ello en Estados Unidos.

Uno de los métodos que usó Villalobos para blanquear fue una cuenta en Suiza a la que Rincón y Shiera transfirieron 27 millones de dólares, dinero que luego pasó a otras cuentas estadounidenses entre otros países.

Villalobos, que ha sido detenido varias veces en España, actualmente está en libertad.

Un juzgado de Madrid le imputa blanqueo en España al haber transferido siete millones de dólares entre octubre de 2011 y junio de 2012 a una sucursal en Lisboa (Portugal) del Banco Madrid.

También está procesado en Andorra junto a otros altos cargos de PDVSA por un expolio de 2.000 millones de dólares a la compañía pública venezolana.

Venezuela también ha pedido su extradición por ese expolio, si bien la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en pleno se opuso recientemente a extraditar a tres venezolanos -la que fuera enfermera de Hugo Chávez, su marido, que ejerció de guardaespaldas del fallecido presidente, y un excontable de PDVSA- por posible vulneración de derechos fundamentales de ser entregados.

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