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Editorial

Se juzgan hechos, no ideas

Los alegatos políticos y los argumentos técnicos centran el primer día del juicio del ‘procés’.

13/02/2019 a las 05:00
Juicio al 'proces'Agencias

Ha comenzado el juicio oral del ‘procés’ con el previsto intento de algunas defensas de rechazarlo con la excusa de que se trataría de un "juicio político" contra el independentismo. Supone una grave falsedad propagandística. España es un Estado de derecho en el que nadie está en prisión por sus ideas. El Supremo no juzga si hay o no un conflicto político, porque no es su competencia; sino si determinadas conductas fueron delictivas por incumplir la Ley.

Las defensas de varios de los acusados tratan desde el primer minuto de cuestionar la imparcialidad de los magistrados que desde ayer juzgan a doce líderes catalanes por promover y ejecutar el pulso al Estado que culminó en una declaración unilateral de independencia. También insisten en una supuesta "vulneración de los derechos fundamentales" de los inculpados. Además, el abogado de Oriol Junqueras y el ‘expresident’ Puigdemont (este, desde Bruselas) han calificado de "juicio político" la causa en el Tribunal Supremo. Tratan de desacreditar al tribunal y de politizar el juicio. Es una típica estrategia de ruptura: los acusados se erigen en acusadores de los representantes legales del sistema. Buscan así lograr el mayor eco internacional para presionar al Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo, donde seguro que recurrirán la sentencia, y, de paso, para amplificar la internacionalización del ‘procés’ y el descrédito de España.

La presencia del presidente Torra en la sala es la perfecta demostración de que en España no se persigue ni encarcela a nadie por sus ideas. Aunque comparte la misma ideología independentista con los acusados, él ha acudido libremente como el resto del público. El Tribunal Supremo no juzga ideas, sino conductas. Su tarea ahora es fijar los hechos de 2017, determinar el grado de participación de los inculpados y dictar sentencia. Todos deben respetar su labor, que se mueve en el plano jurídico y no en el político.





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