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Nacional

Los jueces actúan

Los dirigentes secesionistas que comparecen desde hoy ante el Tribunal Supremo van a ser juzgados con todas las garantías procesales.

Este dispositivo se desplegará en los alrededores del Tribunal Supremo, muy próximo a la Audiencia Nacional y a la sede nacional del PP
Sede del Tribunal Supremo en Madrid.
Ballesteros/EFE

Comienza hoy el juicio a algunos cabecillas del ‘procés’ mientras Torra amenaza con implementar la declaración unilateral de independencia y exige al Gobierno que hable de autodeterminación. No hay ninguna duda de que los jueces del Supremo van a actuar con profesionalidad e independencia. Tampoco hay duda de que la Generalitat sigue con su actitud de destruir el marco constitucional.

El presidente de la Generalitat tiene prácticamente paralizada la acción de gobierno de la institución que encabeza. A cambio, utiliza cualquier ocasión para realizar una demostración de fuerza que permita mantener viva la quimera de la secesión de Cataluña por vías de hecho. Así, ayer mismo aprovechó el inminente inicio del juicio a los políticos catalanes responsables del ‘procés’ que no huyeron para volver a llamar a acabar con la ley que legitima su poder, la Constitución española. Joaquim Torra pretende convertir el juicio en un espectáculo, amplificado por las eventuales movilizaciones a las que tanto suele recurrir, sin querer asumir de una vez que él ocupa el cargo de presidente de una Comunidad donde más de la mitad de la población está en contra de sus postulados separatistas.

En cuanto a los aspectos estrictamente judiciales, los dirigentes secesionistas que comparecen desde hoy ante el Tribunal Supremo van a ser juzgados con todas las garantías procesales. Y son procesados, no por haber dado voz a un pueblo que no pudiese expresarse, según repiten con intención propagandística, sino por haberse comportado como gobernantes despóticos cuando intentaron acabar con los derechos civiles, las libertades ciudadanas, las instituciones representativas y hasta los espacios públicos de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña. El Supremo no juzga si hay o no un conflicto político porque no es su competencia; juzgará si determinados hechos son delictivos por incumplir la Ley y la Constitución.

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