Las defensas de los 12 procesados en la causa del 'procés' secesionista enseñaron sus cartas en la primera sesión del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo. Pese a dirimirse las llamadas cuestiones previas de la vista oral -en teoría exposiciones técnicas y reiteraciones de prueba que había sido rechazada de antemano por la Sala-, la mayoría de los abogados entraron de lleno en las consideraciones políticas. Una circunstancia que avivó al menos el debate jurídico, dejó titulares llamativos y despejó el camino de lo que serán los interrogatorios.

Así lo expusieron este martes los abogados defensores -este miércoles será el turno de las acusaciones-, en su particular lucha por enmendar las graves acusaciones de rebelión y/o malversación de caudales públicos que pesan sobre sus clientes. Con peticiones de pena que oscilan entre los siete y los 25 años de cárcel, nada menos.

La reiteradas referencias al sumario político era, no obstante, una estrategia previsible, tal y como habían plasmado los escritos de defensa. Pero el tribunal presidido por Manuel Marchena tuvo especial consideración en que los alegatos fueron expuestos sin cortapisas y con un único límite de tiempo: una hora y media para cada abogado.

Incluso algunos letrados, como el de Oriol Junqueras, principal procesado como "jefe principal" de la rebelión, se explayó largo y tendido contra el sistema de garantías de la jurisdicción española. "Esto es un vodevil procesal. Se están encausando caceroladas o el lanzamiento de aviones de papel, acciones de mera protesta", subrayó Andreu Van den Eynde. "Se están criminalizando muestras de libertad de expresión. Es una causa general contra el independentismo catalán", remachó.

Pero ni por esas fue cortado por Marchena. Quizá pensando también en evitar cualquier discriminación del derecho de defensa ante una previsible "segunda vuelta" de la causa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ese órgano supranacional en el que fían todas sus esperanzas los principales líderes independentistas.

A Estrasburgo, precisamente, ya dejaron este martes entrever que llegarán los letrados de Jordi Turull, Jordi Sànchez, Josep Rull o Jordi Cuixart con términos bastante gruesos, dando por hecho de antemano una sentencia condenatoria.

Jordi Pina, defensor de los tres primeros, puso en duda la "falta de imparcialidad" de cuatro de los siete magistrados del tribunal, a quienes pidió que hicieran "de jueces y no de salvadores de la patria, porque de esto no va este procedimiento". Por su parte, Benet Salellas, letrado del presidente de la plataforma cívica Òmnium Cultural, aseguró que celebrar este juicio era "una derrota colectiva de la sociedad española", porque "se opone a la esencia propia del Estado de Derecho" y atenta contra derechos fundamentales como los de expresión o reunión.

El exdiputado de la CUP advirtió de que si el tribunal no era consciente de que los fiscales "han criminalizado" las movilizaciones populares, del 20 y 21 de septiembre y del 1 de octubre de 2017, Estrasburgo acabará pasando factura al Estado.

En suma, los abogados expusieron este martes ante la Sala unos mismos fines de partida, la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de sus clientes, pero distintos medios para lograr la absolución.

Los extremos de la sala

Los extremos de las defensas estuvieron representados en el letrado de Junqueras y de Raül Romeva, de un lado, y en los de Forn y Santi Vila, del otro. El primero, Van den Eynde, dio el pistoletazo de salida en el juicio. Como si se tratara de un ferviente hincha de un equipo de fútbol, se puso la camiseta amarilla de Esquerra Republicana, el partido de sus clientes, para hacer un alegato en favor del independentismo como "ideología legítima".

El penalista nacido en París en 1975 apoyó su intervención en la defensa del derecho de autodeterminación como "principio democrático" y recordó que la Constitución "impide criminalizar la disidencia política". Elevó el tono político conforme iba hilando sus argumentos. Aseguró que el debate "es si esta causa atenta contra la libertad de expresión o versa sobre un alzamiento público". Y afirmó que los catalanes "protestamos porque estamos excluidos de determinadas decisiones". "Si no tenemos derechos a opinar, tenemos derechos a protestar", exclamó con vehemencia ante la atenta mirada de Junqueras.

En un tono áspero, este guitarrista de punk rock en sus ratos libres fue el que más ruido hizo en la sala. Hizo un repaso a la jurisprudencia europea sobre el derecho a decidir, pero se cuidó muy mucho en descalificar de forma directa al Supremo. "Autodeterminación es sinónimo de paz y no de guerra. Hay que devolver a los políticos la capacidad resolver este conflicto".

Como colofón, criticó la vulneración del derecho a la presunción de inocencia de sus clientes con un ejemplo muy gráfico: ese autobús de Ciudadanos que circula por España dando por condenados a los procesados y pidiendo al Gobierno que no les conceda el indulto. "Todo esto parece un Fort West", afirmó.

En contraposición a este aluvión argumental se posicionó Xavier Melero, abogado del exconsejero del Interior Joaquim Forn. "Este es un juicio penal, nada más y nada menos, como el de una estafa o una alcoholemia. Estos señores aquí presentes, por ser quienes han sido y ostentar la posición que han ostentado, no tienen derecho a nada más, pero tampoco a nada menos", aseguró.

Impulsor hace una década de Ciudadanos, Melero adelantó que su defensa se centrará en criterios jurídicos y está convencido de que salvará a su cliente.

Más participativo estuvo el letrado de Santi Vila, el consejero que dimitió antes de la Declaración Unilateral de Independencia. Pau Molins -defensor a su vez de la infanta Cristina en el 'caso Nóos'- criticó el procesamiento de su patrocinado, que no era aforado en el momento de producirse los hechos, y pidió al tribunal que no lo enjuicie al no estar acusado por rebelión.

Éstos son algunos de los principales argumentos expuestos:

- JUICIO EXCEPCIONAL vs JUICIO PENAL: Mientras que algunos abogados como el del exvicepresident Oriol Junqueras han hecho referencia literal a "un juicio excepcional" -una idea sobre la que ha pivotado buena parte del resto de intervenciones- y a una causa "muy politizada por no decir política", otros como el del exconseller Joaquim Forn han dejado claro que es "un juicio penal, nada más y nada menos, como el de una estafa, como el de una alcoholemia".

- DIFERENTES PROCEDIMIENTOS PARA LOS MISMOS HECHOS: Varios abogados han alegado que el proceso soberanista catalán ha derivado en numerosas causas penales, unas en Barcelona, otra en la Audiencia Nacional contra la cúpula policial de los Mossos y ésta en el Supremo.

Unos han denunciado la imposibilidad de acceder a la documentación de todas ellas; otros han criticado la división de la causa en dos (los miembros de la Mesa del Parlament serán juzgados en Cataluña); y otros que los altos mandos de los Mossos sean juzgados en la Audiencia Nacional cuando su superior, el exconseller Joaquim Forn está acusado en el Supremo.

- DESIGUALDAD ENTRE PROCESADOS: La defensa de Carme Forcadell ha puesto encima de la mesa la desigualdad entre los diferentes procesados en la causa derivada del hecho de que algunos de ellos, como Carles Puigdemont, se encuentran en libertad huidos de la Justicia mientras que otros están en prisión y van a ser juzgados por el Supremo: "Hay personas a las que no se persigue y otras llevan más un año en prisión".

- UNA CAUSA CONTRA LA DISIDENCIA POLÍTICA: El abogado de Oriol Junqueras ha señalado que "la causa atenta contra la disidencia política" y se articula desde "el lado oscuro del derecho penal democrático".

- CRIMINALIZACIÓN DEL DISCURSO POLÍTICO: También han denunciado algunos letrados "la criminalización del discurso político" de los acusados por considerarlos "traidores a la patria" y acusarles de cuestiones de naturaleza política.

Han cargado contra el Supremo por cercenar investiduras o votaciones en el Parlament y buscar sacar de la arena política al anterior Govern. Algunos han calificado la causa de "un atentado a los derechos políticos".

- PENALIZACIÓN DE LA PROTESTA: Las defensas sostienen que la causa, en la que "se habla de esos sombríos y peligrosos ciudadanos de Cataluña", penaliza y atenta al derecho a protestar, pues "lo que hacen los catalanes es protestar".

Dicen que "50 (de las 127) páginas del escrito de acusación de la Fiscalía se dedican única y exclusivamente a actos de manifestación pacíficos".

- FALTA DE IMPARCIALIDAD: Prácticamente todas las defensas han acusado al Supremo de parcialidad. A cuatro de los jueces del tribunal por participar en la Sala que admitió a trámite la querella inicial de la Fiscalía. A Francisco Monterde, magistrado de la sala de apelaciones, por su cargo en una asociación judicial que lanzó tuits contra los acusados. A su presidente Carlos Lesmes, por "calificar de heroico" el rol del antiguo instructor del juzgado 13 de Barcelona. "Hagan de jueces y no de salvadores de la patria".

- VULNERACIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: Afirman que esta causa "criminaliza artículos de prensa, webs, poner el papel en una urna, expresiones, gritos, cánticos y conciertos" cuando el TEDH sí que permite hablar de la independencia "en términos de pueblo oprimido lucha, resistencia".

Dicen que no se puede recriminar nada a la sociedad catalana cuando protesta por la clausura de 200 páginas web, como tampoco cuando busca la adhesión de personajes de relevancia mundial para su demanda de referéndum. Expresarse no puede ser un delito.

- USO DEL CATALÁN: Los letrados consideran que la imposibilidad de traducción simultánea (sobre la que el Supremo no se ha pronunciado) perjudica a sus clientes y vulnera el derecho de defensa, algo que no se produciría si el juicio se celebrase en Cataluña. "Yo hago un esfuerzo por hablar en castellano pero no me juego 17 años en prisión", ha dicho uno de los abogados.

- ¿DÓNDE ESTÁN LAS PRUEBAS?: La gran mayoría de los abogados han solicitado la suspensión del juicio en tanto no dispongan de todas las pruebas y documentos que se estudiarán durante el procedimiento: "No se puede empezar un interrogatorio sin estar presente la fuente de prueba solicitada", ha dicho el abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez.