Normalidad democrática

Afectado por una lógica atención política y mediática, el juicio que se celebrará en el Tribunal Supremo contra los líderes del secesionismo catalán, incluido por derecho propio entre los grandes procesos de la etapa democrática (golpe de Estado del 23-F, atentados del 11-M, etc.), tan solo buscará la administración de justicia. Un elevado principio amparado por un sencillo enunciado, pero firmemente anclado en el sistema de garantías que conforma el Estado de derecho de la democracia española.

La gravedad de los hechos que juzgará el Tribunal Supremo arrastrará una intensa atención política en el devenir del país. Sin ningún complejo ni ninguna necesidad de reválida, el sistema judicial español muestra una solidez alejada de toda duda que garantiza la convivencia democrática. Se incurriría en un grave error si la actividad política y la acción del Gobierno permanecieran paralizadas durante los meses que dure el proceso. España, cuyas garantías democráticas y libertades no pueden ser cuestionadas, debe empeñarse por convivir desde la normalidad que concede la ley con un juicio que juzgará unos gravísimos hechos cuyo alcance penal determinará la Sala Segunda del Supremo. Sin ninguna duda, el independentismo catalán buscará introducir una permanente duda sobre el respeto a los derechos de los acusados, fijando una interesada confusión que se entremezclará con lo político. A ninguno de los procesados que se sentarán en el banquillo del Supremo se le juzga por sus ideas, las acusaciones que recaen #sobre ellos se sostienen en las actuaciones emprendidas que buscaron subvertir la legalidad constitucional y estatutaria y el orden democrático. Este gran proceso, que ha mantenido en prisión preventiva a los principales encausados por culpa de la huida al extranjero de Carles Puigdemont y de varios de sus ‘exconsellers’, atenderá a la relación de pruebas y a los argumentos jurídicos, alejándose de toda interpretación no judicial.

Será casi imposible que el juicio del ‘procés’ viva ajeno a todo tipo de interpretaciones, pero convendría que el Gobierno demostrase un especial cuidado para evitar convulsiones innecesarias. En este sentido, las negociaciones con el independentismo catalán, que sigue sin apartarse de la vía unilateral y sin asumir plenamente el ordenamiento legal, generan una situación de peligrosa confusión, como ha demostrado el episodio en torno a la figura del relator, que hubiera supuesto aceptar la descabellada tesis secesionista de la bilateralidad y de la falta de libertades en España. El Gobierno debe conducir el diálogo con una prudencia y un sentido común que hasta ahora brillan por su ausencia. El mejor aval para la democracia española será dejar que la Justicia haga su trabajo.