Desde una cierta perspectiva el criticado tancredismo de Mariano Rajoy arrastraba una mayor complejidad que la levedad de Pedro Sánchez. La incontrolada espontaneidad del presidente socialista acumula tantos errores en su relación con el independentismo catalán que el rastro que deja solo marca el camino hacia el final de la legislatura. Si de grave error puede calificarse dejar en manos de la vicepresidenta Carmen Calvo el protagonismo mediático del Ejecutivo, más comprometida en lo político resultaba la concesión al secesionismo catalán de una mesa de partidos, relator incluido, y el menosprecio a la representación institucional que ostentan el Parlament y el Congreso de los Diputados. Todo en un mismo lote y todo ello incluido en una incomprensible propuesta negociadora agitada a pocos días del inicio del juicio del ‘procés’ en el Tribunal Supremo.

La presión mediática, el acorralamiento político y hasta el rechazo de esta estrategia por un más que nutrido grupo de nombres del PSOE (Felipe González, Alfonso Guerra, Javier Lambán, Ángel Gabilondo, Emiliano García-Page, etc.) lograron que tras el Consejo de Ministros del viernes se conociera la marcha atrás del Ejecutivo. La defensa del Gobierno, ofrecida en forma de exculpación al cargar contra los partidos independentistas, no tardó en ser contestada por la Generalitat. Las expectativas creadas en torno a la mesa de diálogo, a tenor del peso de la comparecencia (aparecieron la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, y el vicepresidente, Pere Aragonès), quedaban rotas y los posibles acuerdos, públicos o privados, suspendidos.

La autoría del error, nuevamente, volvía a ser de Sánchez y de una forzada voluntad negociadora destinada a la aprobación de los presupuestos; un más que arriesgado empeño que convertía la solución al desafío secesionista en un mal trueque por unos pocos votos. Tan irresponsable como absurdo, pero oportunamente frenado al conocerse que la mesa de partidos –entre otros asuntos– contaría con un relator, facilitador, mediador (llámese como se quiera) que concedía al secesionismo una incomprensible victoria al mirar de igual a igual al Gobierno. En una misma operación se compraba el lenguaje secesionista, se asumía su discurso y se aceptaba el menosprecio hacia las instituciones.

Que el PSOE se desangra por su visión territorial es algo sabido, que esta mirada es diversa y mantiene al partido en un encontronazo y una división permanentes también se conocía, pero que Sánchez estaba dispuesto a convertir a toda una formación en reo de su personal interés ha superado muchas de las opiniones más atolondradas. Negar la necesidad del diálogo en Cataluña sería tan absurdo como ignorar la existencia de un grave problema, pero forzar esta negociación sin el acuerdo de los principales partidos y sin sostenerse en el marco constitucional alumbra múltiples riesgos. La lógica señala que cualquier presidente del Gobierno debe empeñarse en la búsqueda de una solución acorde a la legitimidad (apoyos) política que le ha llevado hasta el cargo, aunque en el caso de Sánchez, con un PSOE partido en dos almas y con un respaldo parlamentario procedente de los partidos secesionistas, mejor haría en negar su ‘Manual de Resistencia’ y convocar elecciones, una decisión razonable sin presupuestos.

Las gravedad de lo ocurrido no reside tanto en la actual falta de criterio o en la inexistente unidad de los partidos constitucionalistas –cada uno ya ha emprendido su particular carrera– como en el oxígeno que gratuitamente se concede al independentismo. A las puertas de uno de los juicios más importantes de las democracia, el Gobierno debería contribuir a crear un clima de serenidad y sosiego.