Ante la magnitud de la indignación provocada en la oposición, en su propio partido y en la opinión pública por la propuesta de un ‘relator’, el Gobierno de Sánchez tuvo ayer que rectificar, reduciendo a mínimos la oferta presentada a los separatistas a cambio del apoyo a los Presupuestos. Si ello conduce a una ruptura de las actuales conversaciones, no habrá que lamentarlo, pues es evidente que iban muy mal encaminadas y suponían un agravio al Estado de derecho.

Aunque los portavoces de la Generalitat dijeron ayer que seguían dispuestos a negociar, parece muy probable que la marcha atrás del Gobierno de Sánchez, anunciada por la vicepresidenta, Carmen Calvo, suponga el final de las negociaciones que el Ejecutivo ha venido manteniendo con los separatistas catalanes para conseguir el apoyo de los diputados de ERC y del PDECat a la tramitación del proyecto de Presupuestos del Estado para 2019. Era evidente, casi desde el principio, que esas conversaciones no podían dar ningún resultado positivo desde el punto de vista del constitucionalismo, pues las exigencias de la Generalitat -basta con leer los 21 puntos presentados por Torra a Sánchez en diciembre para comprenderlo- eran absolutamente inasumibles para el sistema democrático. El grave error de Sánchez ha sido, en primer lugar, moverse en un terreno de peligrosa confusión para no irritar a sus interlocutores; y después, mostrarse dispuesto a aceptar lo inaceptable, como la creación de una mesa de partidos con un ‘mediador’ o ‘relator’. No hay razón para lamentar el fracaso de tales negociaciones. Y si ahora resulta muy poco probable que los separatistas den el sí a los Presupuestos en la votación del próximo miércoles en el Congreso, lo que el presidente del Gobierno debería comprender es que la única salida clara y digna en este momento pasa por dar por concluida la legislatura y convocar elecciones generales.