Fiat Iustitia pereat mundus

'Fiat Iustitia pereat mundus’ (hágase Justicia, aunque perezca el mundo). Esta es la célebre sentencia que, según sostienen algunos estudiosos, pronunció Casio cuando, junto a Bruto, asesinó al dictador Julio César. Sea cual sea su origen, el aforismo fue afinado por Hegel con su ‘Fiat Iustitia ne pereat mundus’ (hágase Justicia para que no perezca el mundo).

Aragón, en repetida expresión de Joaquín Costa, «se define por el Derecho». Por eso aquí apreciamos especialmente bien esta sentencia, sobre todo en su interpretación más noble: la Justicia ha de aplicarse siempre si no se quiere que el mundo se hunda en el caos. Acaso esta querencia por la ley de las gentes del valle del Ebro tenga su origen en el imperio romano, creador de un conjunto de normas jurídicas sin parangón en el mundo en cualquier época histórica. Esta bimilenaria tradición inspira el prestigio nacional e internacional (aunque poco conocido popularmente) de instituciones como la Fundación Giménez Abad. «Aunque los constitucionalistas podamos discrepar en muchas cuestiones relacionadas con nuestra disciplina, probablemente estemos de acuerdo en que la Fundación Manuel Giménez Abad está haciendo más por el derecho constitucional español que gran parte de las instituciones oficiales». Así se la define en el último número de la prestigiosa ‘Revista de Estudios Políticos’.

La impronta jurídica aragonesa también justifica la extensa nómina de especialistas en Derecho que ha dado esta tierra. Acaso uno de los más doctos de los actuales continuadores de esta estirpe es Angel Cristóbal Montes. En su último libro, ‘Manual de sabiduría’, el catedrático desgrana 80 pensamientos impregnados del pragmatismo filosófico estadounidense. En el septuagésimo, insiste con vehemencia en uno de los principios a los que ya había prestado atención en obras anteriores: «Sin ley no hay libertad». Y recuerda que han sido numerosos los maestros que así lo han explicado, desde Locke a Rawls, pasando por Rousseau, Sartori y otros muchos.

Sin imperio de la ley no puede haber instituciones democráticas. Así figura explícitamente en la Constitución española de 1978 en su artículo primero: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho…». El Estado de Derecho significa que el poder y los ciudadanos están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, de manera que, según la frase clásica, ‘gobiernan las leyes y no los hombres’. Por todo ello, como se destaca en la obra ‘Comentario mínimo de la Constitución española’, coordinada por Santiago Muñoz Machado, «una Constitución es esencialmente una juridificación de la democracia».

Democracia y ley es una mistura esencial, al decir de Cristóbal Montes: «Sin democracia puede haber ley, aunque difícilmente será justa y razonable, pero sin ley no puede haber democracia, al faltarle el punto de apoyo fundamental y la base de sustentación imprescindible». Y es el propio jurista aragonés el que, a la luz de estos principios, define lo ocurrido en Cataluña en septiembre y octubre de 2017: «Desde la Constitución, Leyes Orgánicas y Estatuto de Autonomía, hasta la más modesta ley y el más ordinario reglamento, fueron violados impunemente como si una ‘gloriosa’ revolución anarquista hubiera triunfado de manera plena».

Los políticos catalanes responsables del ‘procés’ que no huyeron van a ser juzgados con todas las garantías procesales. Y no por haber dado voz a un pueblo que no puede expresarse, según repiten con intención propagandística, sino por haberse comportado como gobernantes despóticos cuando intentaron acabar con los derechos civiles, las libertades ciudadanas, las instituciones representativas y hasta los espacios públicos de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, que no comulgan con el credo independentista.

Hágase Justicia, aunque perezca el mundo, (‘Fiat Iustitia pereat mundus’) porque la ley es el muro frente la tiranía y la arbitrariedad del poder político.