La noticia de que el exilio iraní está detrás de la financiación que dio origen a Vox ha sacudido los cimientos de este partido y ha descolocado a muchos de los que simpatizan con este pujante partido de extrema derecha. Aunque la noticia cobra cierto sentido al constatar que el ala más extremista del Partido Republicano en EE. UU. es el principal embajador de los Muyahidines del Pueblo, los antecedentes terroristas de la organización ponen en entredicho el origen del partido de Santiago Abascal.

La financiación llegó a las cuentas de Vox entre finales de 2013 y abril de 2014, con Abascal ya en sus filas. En total, un millón de euros, según ha informado el diario ‘El País’. La disidencia iraní también sufragó la campaña para las elecciones europeas por parte de la formación de extrema derecha. Para contextualizar estos datos, basta con decir que el conjunto de partidos políticos en España recibieron en 2014 en concepto de donaciones privadas 4,5 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas, mientras que, pese a no tener entonces ningún representante público, Vox reunió por sí solo casi una cuarta parte.

A partir de aquí surgen dos dudas: ¿quién integra el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, también conocido como los Muyahidines del Pueblo, y qué interés tienen en financiar a Vox? Y, por otro lado, ¿cómo funciona la financiación de partidos en España? ¿Ampara la acción del partido de extrema derecha?

¿Quiénes son los Muyahidines del Pueblo?

Cuando la organización fue catalogada como terrorista, y según un informe del Departamento de Estado de EE. UU., los Muyahidines del Pueblo (o MEK, siglas de Mojahedin-e Khalq) eran considerados un grupo con una ideología que mezclaba el islamismo, el marxismo y el feminismo. Fue fundado en 1963 por iraníes opositores al sah Reza Pahleví que tomaron parte en la revolución de 1979, la cual aupó al poder al ayatolá Jomeini. Pero pronto se enfrentaron con el gobierno postrevolucionario y fueron combatidos por este, lo que provocó que el MEK moviera sus bases al Iraq de Sadam Husein. Desde entonces ha tomado parte en numerosos ataques terroristas contra el Gobierno de Teherán.

En 2011, un año antes de que Estados Unidos dejara de considerarlo una banda terrorista -lo que lograron gracias a una intensa actividad lobista-, se estimaba que el MEK tenía entre 5.000 y 10.000 miembros, con una gran bolsa de seguidores en París y otros más distribuidos por varias capitales europeas. Según una investigación de la NBC, fueron financiados, entrenados y armados por los servicios secretos israelíes.

En 2009 había sido la Unión Europea la que sacó al MEK de la lista de grupos terroristas a raíz de una sentencia del Tribunal de la UE.

El liderazgo de la organización está en manos del matrimonio formado por Masud y Maryam Rajavi, aunque el silencio del primero hace sospechar que podría haber muerto. El grupo renegó años atrás de la violencia y dice ser por completo secular y democrático. Pese a esto, los Rajavi han sido acusados en los últimos años de fomentar un “culto a la personalidad a su alrededor” y actitudes “autoritarias”.

Las últimas noticias que se tienen de los Muyahidines del Pueblo de Irán es precisamente el respaldo que han recibido de la denominada ‘alt-right’ estadounidense; John Bolton y Rudolph Giuliani, entre otros. Este es quizás el lazo más evidente entre este grupo opositor iraní y la financiación a Vox, dado que el contacto que dio origen al desembolso -como él mismo ha reconocido a ‘El País- es el propio fundación del partido, Alejo Vidal-Quadras.

Lo curioso es que en Estados Unidos también políticos del ala demócrata se han visto seducidos por esta organización. Y lo mismo se puede decir del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué puede hacer que todas estas personas “se metan en la cama” con el MEK?, se preguntaba en 2017 el escritor y analista Mehdi Hasan en el portal The Intercept. “¿Podría ser debido al viejo, aunque amoral, dicho de que "el enemigo de mi enemigo es mi amigo"? Es posible. ¿Podría ser el resultado de la ignorancia, de experimentados políticos que carecen de la diligencia debida? Tal vez. O ¿puede ser consecuencia del frío, duro dinero?”, dejaba caer para terminar.

¿Actuó Vox de acuerdo con la legislación española?

La ley de financiación de partidos políticos, de 2007, fija el marco para que las formaciones costeen su actividad. Los principales financiadores son los entes públicos.

El Estado plasma en los presupuestos generales un conjunto de subvenciones destinadas a las formaciones, por un lado a sus gastos de funcionamiento y por el otro a sus gastos de seguridad. Ese dinero va en función del número de escaños (un tercio) y de votos obtenidos (dos tercios) en las últimas elecciones. También los parlamentos autonómicos destinan a los partidos unos fondos anuales no condicionados a partir, asimismo, de los representantes logrados y los sufragios obtenidos, aunque aquí es ya la legislación autonómica la que se ocupa de establecer los criterios de reparto.

El segundo mayor vector de ingresos, ya en el ámbito privado, son las cuotas de afiliados y simpatizantes, que en 2015 sumaron 23,4 millones de euros. Deben ingresarse en cuentas abiertas en exclusiva para este fin.

Mientras, la última gran fuente de activos son las donaciones, que están estrictamente reguladas en la legislación. Así, deben provenir de forma exclusiva de personas físicas (una empresa, por ejemplo, lo tiene vetado, y tampoco pueden ser anónimas), y siempre que estas no hayan contratado con la Administración; deben ingresarse en cuentas abiertas, cuyas entidades informan anualmente al Tribunal de Cuentas; no pueden superar los 50.000 euros por donante -la mitad de lo que había fijado hasta la reforma aprobada en 2015-.

Para las donaciones provenientes del extranjero rigen las mismas limitaciones, pero además no pueden proceder de ningún otro gobierno ni de entidades relacionadas -directa o indirectamente- con ellos.

Por lo tanto, y dado que la auditoría de las cuentas no fue pública al no tener representación, es imposible conocer si Vox cumplió o no con la legislación. Santiago Abascal afirmó en un primer momento que, aunque no estaban obligados a ello, entregaron sus movimientos al Tribunal de Cuentas; sin embargo, este órgano desmintió posteriormente que hubiera sido así.