La detención este miércoles de dieciséis personas, entre ellas dos alcaldes de la CUP, por su participación en la ocupación de vías del AVE en el aniversario del 1-O, ha causado indignación en el independentismo, que ha paralizado la actividad parlamentaria como protesta y exige la comparecencia de la delegada del Gobierno en Cataluña e incluso su dimisión.

En una operación con detenciones por la mañana y por la tarde, la Policía Nacional ha detenido por desórdenes públicos a dieciséis personas, todas ya en libertad tras comparecer en comisaría, por una supuesta participación en la ocupación de las vías del AVE en Girona en el primer aniversario del 1-O, el pasado 1 de octubre de 2018.

La Policía sostiene que los detenidos formaban parte de un grupo de unas 400 personas que el pasado 1 de octubre accedieron "por la fuerza" a las instalaciones de Adif en esa estación del AVE y lograron interrumpir durante más de dos horas el servicio.

Entre los detenidos están los alcaldes de Celrà y Verges, Dani Cornellà e Ignasi Sabater, respectivamente; diversos activistas vinculados a los Comités de Defensa de la República (CDR); el fotoperiodista Carles Palacio; dos universitarios del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC); y un miembro de la organización juvenil La Forja.

Además, según fuentes policiales, uno de los jóvenes detenidos es Ernest Morell Torra, sobrino del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y militante de la CUP, apresado al salir de trabajar en Breda (Girona).

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado de que se han tratado de "detenciones policiales" y que, por lo tanto, "no están ordenadas por el juez" que instruye la causa a raíz de la denuncia de Adif, aunque sí está informado del operativo.

Es por ello que el abogado y exdiputado cupero Benet Salellas, que ha asistido a diversos detenidos, ha tachado de "arbitraria y desproporcionada" la operación policial, que ha provocado como consecuencia la indignación del independentismo.

Mientras dos centenares de personas, entre ellas ediles y alcaldes de otras localidades, se congregaban frente a la comisaría de la Policía en Girona para arropar a los detenidos, en el Parlament todas las comisiones han quedado suspendidas, después de que JxCat, ERC y la CUP las hayan abandonado en señal de protesta.

Una paralización de la actividad parlamentaria que ha llevado incluso a que el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y el conseller de Territorio, Damià Calvet, hayan aplazado al 30 de enero la comparecencia que hoy debían hacer para hablar sobre la resolución del contrato de concesión de Aigües Ter-Llobregat, justificándolo en "la alteración de la normal vida política".

El presidente de la Generalitat ha ofrecido por su parte a través de Twitter "todo el apoyo" a los alcaldes y al resto de detenidos: "Basta de represión. Basta de criminalización. Libertad", ha escrito Torra, mientras que el expresident Carles Puigdemont lo ha considerado "una nueva prueba de lo que es el Estado. Campan impunes bajo la orden del 'a por ellos' y vale todo".

El carrusel de reacciones se ha sucedido asimismo en el Parlament, epicentro de la indignación independentista y de los reproches desde la oposición por la suspensión de las comisiones.

JxCat, en voz de uno de sus portavoces Eduard Pujol, ha anunciado que pedirá la comparecencia de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, a la que ha calificado de "gobernadora civil" y ha comparado la actuación policial con las de "tiempos del franquismo".

Destacadas voces de ese grupo parlamentario han ido incluso más allá y han exigido directamente la dimisión de Cunillera a través de Twitter, como han hecho el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, o el portavoz parlamentario, Albert Batet.

También desde la CUP, la diputada Maria Sirvent ha alertado de "una operación represiva contra el independentismo popular", que recuerda a "cómo actuaba la brigada político-social del franquismo", y ha exigido la comparecencia urgente de Cunillera en el Parlament.

Y el portavoz adjunto parlamentario de ERC, Gerard Gómez del Moral, ha tachado de "absolutamente inadmisibles" las detenciones, por lo que los republicanos pedirán por su parte explicaciones al Gobierno y la comparecencia del ministro del Interior.

En contraposición, en una dura comparecencia en la que ha llegado a tildar de "vagos" a los diputados independentistas, porque "quieren cobrar, pero no quieren venir a trabajar", el portavoz parlamentario de Cs, Carlos Carrizosa, ha anunciado que presentará una queja ante el presidente del Parlament, Roger Torrent, para denunciar que JxCat, ERC y CUP podrían haber incumplido el código de conducta de la Cámara con su "boicot" a las comisiones,

Ferran Pedret (PSC-Units) ha lamentado que "de las muchas formas posibles de protestar, JxCat, ERC y CUP han elegido la que lesiona el derecho de iniciativa parlamentaria de la oposición"; Susana Segovia (CatComú) ha criticado las detenciones "irregulares", pero ha rechazado que tengan que impedir que continúe la actividad ordinaria en el Parlament; y Santi Rodríguez (PPC) ha acusado al independentismo de "secuestrar" la cámara catalana.

Y en una comparecencia en la sede de la CUP en Barcelona, la ANC y ese partido, junto a las entidades que conforman la plataforma Alcem-nos (Alcémonos), han atribuido las detenciones a la "causa general" abierta contra el independentismo, por lo que han reiterado su llamamiento a la ciudadanía a movilizarse.