Recaudación récord en unos Presupuestos con más gasto y mayor ajuste fiscal
Entre las partidas que más suben el presupuesto consolidado están las destinadas al sistema de la dependencia.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019, que ahora iniciará su tramitación en las Cortes, donde tiene que recabar apoyos suficientes para la aprobación definitiva del texto.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que estas cuentas pretenden "blindar el estado del bienestar", ya que rescatan "derechos maltratados por el anterior gobierno", como dependencia, sanidad o educación.
Asimismo, estos Presupuestos buscan caminar hacia el futuro y "huir del pasado en blanco y negro de la que algunos están teniendo bastante nostalgia" de tiempos anteriores.
Beneficiarán así a jóvenes, quienes cobran el salario mínimo, funcionarios o clase media, ha añadido, al tiempo que blindan derechos y libertades "que se empiezan a cuestionar".
Celaá ha destacado que los presupuestos defienden el diseño de un modelo territorial constitucional, y ha afirmado que se trata de fortalecerlo ya que no son unos presupuestos centralistas sino que abogan por las Comunidades Autónomas. "Buscan el equilibrio, la convivencia y la unión", ha incidido.
Este Presupuesto está elaborado con una meta de déficit del 0,3% del PIB para la Administración Central y del 0,9% para la Seguridad Social, dentro del objetivo global para el conjunto de las administraciones del 1,3% del PIB, que finalmente no ha podido ampliarse al 1,8% que planteaba el Gobierno por el bloqueo de la mayoría absoluta del PP en el Senado.
El proyecto presupuestario se aprueba con meses de retraso, ya que la ley establece que el texto tiene que entrar en las Cortes antes de que finalice septiembre del ejercicio anterior, con el objetivo de que esté en vigor antes de que comience el año.
La subida impositiva a grandes empresas y rentas más altas recogida en los Presupuestos de 2019 permitirá una recaudación récord de 227.356 millones de euros con la que el Gobierno financiará unas políticas de gasto que suben en todos los capítulos, salvo el relativo a los intereses de la deuda pública.
El aumento del 9,5 % de los ingresos impositivos permite mantener el techo de gasto de 125.064 millones informado a las Cortes en julio, a pesar de que las cuentas se han elaborado con el objetivo de déficit vigente (1,3 % del producto interior bruto -PIB- para el conjunto de las Administraciones), más exigente que el propuesto por el Ejecutivo socialista (1,8 %).
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha justificado en esa mayor corrección del déficit la revisión a la baja en una décima, al 2,2 %, de la previsión de crecimiento para este año, en tanto que se ha elevado dos décimas, al 14 %, la tasa media de paro prevista.
Calviño ha asegurado que había datos positivos, como el abaratamiento del petróleo, la subida del salario mínimo y las pensiones o la devolución del IRPF de las prestaciones de maternidad y paternidad, que podrían haber llevado a una revisión al alza de la previsión de crecimiento en 2019 de no haber sido por la necesidad de corregir en cinco décimas adicionales el déficit público.
El presupuesto consolidado -que además del Estado, incluye Seguridad Social y organismos autónomos- se eleva a 365.520 millones, el 3,1 % más que en 2018, de los que la mayor parte se corresponde con el gasto en pensiones, que crece un 6,2 %, hasta 153.864 millones.
Esta partida incluye la subida de las pensiones (1,6 % general y 3 % para las mínimas y no contributivas) ya aprobada por decreto ley para que estuviera vigente desde el 1 de enero, y supone que 42,1 euros de cada cien del presupuesto se destinan al abono de estas prestaciones.
La segunda partida de gasto más abultada es la destinada a pagar los intereses de la deuda pública, a lo que se dedican 8,6 euros de cada cien, y que supone un total de 31.398 millones, el 0,5 % menos que un año antes.
En tercer lugar se sitúa el gasto en desempleo, que sube un 4 %, hasta 18.402 millones, con lo que se dedican 5 de cada cien euros del presupuesto a una partida que ha tendido a disminuir en ejercicios anteriores como consecuencia de la reducción del paro, pero que este año sube por la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, entre otras cosas.
Entre las partidas que más suben están las destinadas al sistema de dependencia, con un aumento del 59,3 % hasta 2.232 millones, y al acceso de la vivienda, con un incremento del 41 % hasta 679 millones.
La política de infraestructuras sube un 39,9 %, hasta 7.572 millones y la I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), un 5,6 %, hasta 6.729 millones.
Asimismo se recupera el pago con cargo al Estado de las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales de personas dependientes y se recoge la ampliación de cinco a ocho semanas del permiso de paternidad, entre otras cosas.
Las políticas de gasto se financiarán en buena medida con una recaudación tributaria que aspira a ser la mayor de la historia gracias al ciclo económico y la subida de impuestos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por el que se ingresarán 86.454 millones, el 4,9 % más, si bien el impuesto de sociedades será el que registre el mayor incremento relativo, del 14,1 %, hasta 27.579 millones.
El IRPF sube dos puntos para rentas a partir de 130.000 euros y cuatro puntos a partir de 300.000 euros, en tanto que en el impuesto de sociedades se fija un tipo mínimo del 15 % de la base imponible para grandes empresas.
Por el contrario, se rebaja el tipo en sociedades del 25 al 23 % para las empresas que facturan menos de un millón de euros y se reduce al 10 % el IVA de los servicios veterinarios y al 4 % el de los productos de higiene femenina y el de las descargas y suscripciones de libros, periódicos y revistas.
Pese a estas rebajas, el aumento del consumo propiciará un incremento del 11,7 % de la recaudación procedente del impuesto sobre el valor añadido (IVA), hasta 78.307 millones.
El impuesto especial sobre el gasóleo aumenta en 3,8 céntimos por litro y un 30 % de lo recaudado se dedicará en 2020 a impulsar la renovación del parque automovilístico y a ayudar a las empresas en su transición ecológica.
En las previsiones de ingresos también se contemplan 1.200 millones del nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales y 850 millones del que grava las transacciones financieras, si bien ambas figuras todavía están pendientes de tramitación como proyectos de Ley.
