La Audiencia Nacional juzga entre el jueves y el viernes a 4 acusados en la pieza 9 del caso Emarsa, sobre el saqueo de la empresa pública gestora de la depuradora de Pinedo (Valencia), de la que se inhibió el juez valenciano que les investigaba al imputarles delitos de blanqueo cometidos fuera de España.

Los cuatro acusados -los empresarios Jorge Ignacio Roca Semper y Vicente Gil Usedo, y los hijos de este último, Vicente y María Gil Blay, se enfrentan cada uno a cinco años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales y al pago de una multa de 1,9 millones de euros e inhabilitación especial durante 7 años para el ejercicio de la industria y comercio.

El caso Emarsa se abrió en 2010 para investigar el supuesto saqueo de la empresa pública Emarsa, gestora de la depuradora de Pinedo, y derivó en una treintena de imputaciones en distintas piezas por el desvío de 23,5 millones de euros.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía acusa a Roca Samper y a Vicente Gil Usedo de haber abierto una cuenta en Andorra en octubre de 2010, en la que Gil Usedo se identificó como ebanista jubilado y fabricante de abanicos y 'souvenirs', y a la que Roca transfirió 690.180 euros, supuestamente fondos públicos de Emarsa obtenidos de forma ilícita.

A juicio de la Fiscalía, los ingresos en las cuentas de los imputados no responden a la realización de actividad comercial alguna, puesto que los movimientos bancarios únicamente obedecen a transferencias para su reintegro o traspaso a otras cuentas, sin que revelen "la existencia de una actividad comercial lícita".

La supuesta trama corrupta de Emarsa operó en torno a dos "negocios": uno basado en el incremento de los costes de explotación que contó con el visto bueno de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas residuales (Epsar) y que se basó en el desvío de fondos inicialmente dirigidos a pequeñas reformas, mantenimiento, electricidad, personal, gastos de reactivos y otras materias primas.

El otro, el de tratamiento de lodos, se basó en un encarecimiento artificial de las operaciones, sustentado en varias empresas pantalla controladas por varios de los procesados.

El pasado junio, la Audiencia Provincial de Valencia condenó al exgerente de Emarsa Esteban Cuesta a 12 años y medio de prisión y al exvicepresidente de la Diputación de Valencia Enrique Crespo a 10 años por estos hechos.

También fueron condenados entre otros el exgerente de la Epsar José Juan Morenilla (9 años de prisión); el exdirector financiero de esa empresa dependiente de la Generalitat Enrique Arnal (8 años y 6 meses), y el exresponsable de informática de Emarsa Sebastián García (7 años y 6 meses).

Según la sentencia, los principales responsables de la empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo articularon "un sistema fraudulento de facturación con el que lograron el desvío de 23,5 millones de euros de dinero público" entre 2004 y 2010.

"Para ello se concertaron con varios empresarios para que emitieran facturas por servicios no prestados o por un importe muy superior al coste real, de modo que incorporaron a su patrimonio o al de familiares y amigos el dinero defraudado", según la sentencia.

En ese circuito de blanqueo ideado por los máximos responsables de la trama habría sido determinante la participación de los cuatro acusados que a partir del próximo jueves se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional.