Sí, es un problema de convivencia

La ruptura en Cataluña de las reglas esenciales de una sociedad democrática ha derivado en la imposibilidad para la vida en común entre los ciudadanos de esa Comunidad, por mucho que el presidente Torra diga lo contrario.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en su mensaje de fin de año
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en su mensaje de fin de año
Efe

Sin quererlo, el presidente de la Generalitat se ha acercado a una correcta descripción de la situación en Cataluña. En una aparente contestación al discurso de Nochebuena del rey Felipe VI, declaró que el problema de Cataluña no era de convivencia, sino de democracia. El Rey en ningún caso se refirió directamente a Cataluña, pero el presidente Torra no dudó en darse por aludido. Y unió dos voces, convivencia y democracia, que aproximan con exactitud a la situación que se vive en esta Comunidad Autónoma.

Sí, democracia. Porque la grave quiebra de la convivencia que caracteriza a la sociedad catalana de hoy tiene como causa la ruptura de las reglas esenciales que conforman una sociedad democrática. Ruptura de las reglas democráticas que han materializado los partidos que convergen ideológicamente en la Presidencia de la Generalitat. Porque quebrar la democracia es derogar el Estatuto y la Constitución sin seguir los procedimientos legalmente establecidos, vulnerando todos los derechos que a las minorías corresponden en el debate parlamentario. Porque quebrar la democracia es asumir una visión excluyente de la pluralidad social catalana, identificando una parte con el todo, identificando Cataluña con aquellos que defienden la independencia y marginando socialmente a aquellos que mantienen una opinión discrepante. Porque quebrar la democracia es sostener un discurso ideológico legítimo, la independencia, en argumentos que no lo son, como el supremacismo, la falsificación de la historia o la mentira sobre las relaciones con el resto de España.

Inevitablemente, una actuación del poder público que excluye a más de la mitad de los catalanes y que incita a la otra parte a una dialéctica amigo/enemigo, cuando no a unos comportamientos excluyentes, acaba provocando un severo problema de convivencia. Un problema que se proyecta sobre las familias, entre los amigos o en los centros de trabajo. Un problema que provoca que sean muchos los catalanes que no se identifiquen con la Cataluña de hoy y que, en algunos casos, lleguen a buscar la manera de dejarla. Un problema que se refleja en alteraciones de orden público e, incluso, en agresiones que han hecho saltar las alarmas de los mejores observadores de la situación catalana.

La convivencia y la democracia son dos voces indefectiblemente unidas. La convivencia se construye sobre el escrupuloso respeto de los valores esenciales que sostienen el edificio democrático y que, por supuesto, transcienden con mucho el acto de votar. Sin el respeto a esos valores, sin la búsqueda del acuerdo entre los diferentes que es innata al sistema democrático, la convivencia se verá abocada al fracaso.

Precisamente, si algo caracteriza el verdadero ser del movimiento independentista catalán es su voluntad de imposición. En una sociedad con las características identitarias e ideológicas de la catalana, la democracia nunca se puede materializar desde la imposición resultante de una votación, sino por el compromiso entre las diferentes sensibilidades. Exactamente lo que representan el Estatuto de Autonomía y la Constitución. Si para una de las partes, ese acuerdo es hoy insuficiente, el ordenamiento jurídico establece los cauces para cambiarlo.

En mi opinión, el mayor error de quienes, con buena voluntad, buscan sendas de acuerdo con el Gobierno de Cataluña, es no recordar esta premisa. Como reiteradamente ha quedado expresado en las urnas, el sentimiento de los catalanes es muy plural, con profundas diferencias reflejadas en la geografía y en las clases sociales, entre otros factores.

La última responsabilidad del Gobierno de España es, frente a quienes sólo defienden a una parte, la defensa de todos. Y, muy especialmente, la de aquellos que son excluidos diariamente del discurso político y social por aquellos que les debieran representar.

José Tudela Aranda es profesor de Derecho constitucional.