El Gobierno ha desistido de seis recursos ante el TC sobre normas autonómicas

Además se han iniciado 22 procedimientos de negociación, de los cuales 11 se han resuelto con acuerdo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Gobierno ha desistido de seis recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el anterior Ejecutivo contra normas autonómicas, después de un "esfuerzo de concertación y negociación" con las comunidades autónomas para reducir la conflictividad entre las administraciones.

Según informa el Ministerio de Política Territorial, en cinco de los casos se han alcanzado acuerdos con las comunidades para modificar o interpretar las normas recurridas, mientras que en el caso restante fue el cambio de la legislación estatal la que hacía improcedente el recurso.

Este último caso es el referido a la ley catalana para la sanidad universal, cuyo recurso fue retirado tras la aprobación del real decreto ley de sanidad universal en el Congreso, lo que permitió que la norma autonómica fuese acorde con el marco normativo estatal.

Otros recursos de los que el Gobierno ha desistido se refieren a leyes de Aragón y País Vasco y en su mayoría afectaron a normas de carácter social que podrán ser aplicadas una vez acordada su modificación para ser "conformes a derecho", indica el Ministerio.

Desde la llegada del Ejecutivo socialista, en junio del año pasado, se han iniciado además 22 procedimientos de negociación al amparo del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que permite ampliar el plazo de interposición del recurso de inconstitucionalidad de tres a nueve meses.

En esta misma línea, se han resuelto con acuerdo once de los 22 procedimientos negociadores del 33.2 iniciados en el primer semestre del año.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha planteado cuatro impugnaciones ante el TC, frente a las seis del primer semestre del año correspondientes al anterior Ejecutivo.

De ellas, dos son recursos de inconstitucionalidad y dos son impugnaciones de disposiciones autonómicas sin fuerza de ley, dos aún pendientes de sentencia, y resoluciones de las comunidades autónomas.

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