Nueva etapa en Andalucía

Después de treinta y seis años durante los que sus instituciones autonómicas han estado gobernadas por el Partido Socialista, Andalucía abrió ayer una nueva etapa política. Un cambio que debe ser saludable en la medida en que es fruto del voto de los andaluces y que permitirá airear unas estructuras de poder en las que han anidado el clientelismo y la corrupción. Pero que, al mismo tiempo, llega en circunstancias problemáticas, que condicionarán la legislatura.

Por primera vez en la historia autonómica de Andalucía, el PSOE no tendrá la presidencia del Parlamento regional ni contará con mayoría en la Mesa de la Cámara. El acuerdo entre el PP y Ciudadanos consiguió ayer, con el respaldo de Vox, desplazar a los socialistas, que el pasado día 2 obtuvieron el peor resultado electoral de toda su trayectoria en esa comunidad. El cambio en la presidencia de la Cámara sería el primer paso para la formación de un gobierno de coalición, pero todo dependerá del apoyo de Vox, que insiste en negociar el contenido del acuerdo alcanzado entre populares y naranjas para hacer presidente de la Junta a Juan Manuel Moreno. Demasiados años de monopolio del poder político en manos de un partido han hecho que en Andalucía se enquistasen prácticas clientelistas, políticas que han frenado el desarrollo económico y casos de corrupción, como el de los ERE. El cambio político que se inicia es fruto del resultado de unas elecciones democráticas y debería convertirse en una oportunidad para modernizar y sanear las instituciones autonómicas, insuflándoles pluralismo y dinamismo. Pero la coalición PP-Cs no contará con mayoría absoluta y va a nacer, si llega a término, condicionada por el apoyo de un partido de extrema derecha, que introduce un discurso y unas demandas que se alejan peligrosamente de la moderación que requiere gobernar para todos. Ese inquietante condicionamiento será difícil de neutralizar y va a marcar la vida política no solo en Andalucía.