En medio de la creciente violencia de algunos grupos independentistas en Cataluña, resulta perturbador y alarmante que el presidente de la Generalitat parezca más preocupado por complacer a los radicales que por defender las libertades de todos los ciudadanos. El Gobierno catalán debe mantener el orden público, es competencia suya y una obligación inexcusable; sin olvidar que también el Ejecutivo central tiene la responsabilidad de frenar una deriva muy peligrosa.

Ya no es una sorpresa que Joaquim Torra se exprese como un activista, en lugar de ejercer su responsabilidad de gobernar para todos los catalanes. No solo mantiene paralizada la actividad normal en las instituciones autonómicas, sino que hasta menosprecia los asuntos cotidianos de gobierno, que son los que marcan el bienestar de la gente y los que deben ocupar a un cargo público responsable, pero que él prefiere dejar de lado para seguir dedicándose a las idas y venidas de un ‘proceso’ rupturista. Pero tras los incidentes ocurridos el jueves en Gerona y Tarrasa, donde manifestantes de los llamados ‘comités de defensa de la república’ (CDR) se enfrentaron violentamente a la Policía, el ‘president’ ha traspasado otra línea, poniendo el énfasis en la crítica a la actuación policial y dando un ultimátum a su consejero de Interior para que haga una purga en los Mossos d’Esquadra. Al margen de la crisis que pueda producirse en el ‘Govern’, la actitud de Torra es muy grave, pues viene a dar alas a los grupos violentos, dando la impresión de que pretende retirar obstáculos a sus acciones en lugar de ponerles freno. Los CDR buscan el choque callejero con otros grupos políticos y con la Policía; y es inadmisible que la Generalitat parezca ni de lejos entrar en connivencia con esa estrategia. Por su parte, tampoco el Gobierno central debe ignorar que tiene una responsabilidad para proteger la convivencia cívica en todo el territorio nacional, de la que no puede abdicar.