La Constitución española de 1978 plasmó los anhelos de concordia y libertad. En ella depositaron sus esperanzas todos aquellos españoles comprometidos con la idea de establecer y asegurar en nuestro país un marco de convivencia democrática estable y duradero.

Los constituyentes de 1978 supieron anteponer el interés general a sus distintas legítimas visiones sobre el modelo de Estado y las fórmulas políticas de gobierno, que habían lastrado la historia constitucional española en los dos últimos siglos. Hubo negociación y acuerdo sobre la organización territorial y la integración de los diferentes pueblos y comunidades españolas, sobre el alcance de las libertades económicas y los derechos sociales, el estatus de la Iglesia católica y de las demás confesiones religiosas, y acerca de las funciones del Estado en la programación de la enseñanza,

Quisieron construir, desde el diálogo, el entendimiento y el pacto, el andamiaje constitucional que permitiera consolidar un Estado de derecho, que garantizase el imperio de la ley, como expresión de la voluntad popular, e instituir un poder judicial independiente que satisfaga las exigencias de justicia de los ciudadanos.

La Constitución de 1978 clausuró una época oscura, de negación de los derechos humanos, e inauguró un escenario democrático en el que las instituciones configuradoras del régimen político constitucional tenían como único objetivo legitimador promover la libertad, la igualdad, la justicia social y el pluralismo político. El pueblo español ratificó nuestra Carta Magna con el propósito de que nunca más se produjeran ejercicios abusivos del poder.

Cuando conmemoramos el cuadragésimo aniversario de la Constitución, debemos seguir reivindicando su valor y su vigencia como obra colectiva que supuso la apertura de España hacia un futuro democrático. Debemos seguir reconociendo que, al amparo de la Constitución de 1978, la democracia española ha propiciado un avance sin precedentes de las condiciones económico-sociales de los ciudadanos, que es el resultado de la implementación de políticas públicas orientadas a corregir la desigualdad, erradicar la pobreza y a garantizar un orden social justo.

La Constitución de 1978 constituye un instrumento de transformación social, basado en la ética de la responsabilidad, en la igualdad de oportunidades y en la extensión del saber y el conocimiento, así como en la garantía de la solidaridad para las personas más vulnerables y desfavorecidas. La materialización efectiva de estos ambiciosos objetivos requiere del esfuerzo de todos los poderes públicos, de los agentes económicos y sociales y de los ciudadanos.

Asistimos, con cierta desazón, a una crisis constitucional que deriva de las nuevas realidades políticas y sociales inducidas por la crisis económica y por los desafíos globales. En muchos Estados de Europa y América la deserción de los valores democráticos ha propiciado un repliegue del principio de separación de poderes y un retroceso en las libertades que fundamentan el orden constitucional, así como un retroceso de la función integradora de la Constitución.

Las grietas abiertas en el modelo de sociedad inclusiva, cosmopolita y multicultural, así como la aparición de intensas fracturas generacionales han puesto en riesgo la propia idea de democracia constitucional. Los líderes de las principales fuerzas políticas españolas y la sociedad civil deben afrontar con determinación la tarea de renovar el pacto constitucional, con el objetivo de introducir en el texto constitucional los postulados del nuevo contrato político-social, cimentado en el respeto a la dignidad humana, en la prosecución del interés general y del bien común, y en la revalorización de la equidad, la justicia social y la fraternidad.

A los representantes españoles les incumbe también relanzar de forma coordinada el proceso constituyente en la Unión Europea, con la finalidad de reforzar la integración de los Estados y los pueblos en los ámbitos político, económico, social, cultural, tecnológico y judicial, porque solo unidos podremos impulsar políticas innovativas que aseguren el Estado de bienestar para todos los ciudadanos y ciudadanas de Europa.

Ni España ni los demás Estados de la UE pueden permanecer estancados frente a los nuevos retos. Deben caminar juntos para solventar las amenazas a nuestro modelo de democracia social y para luchar eficazmente contra el fanatismo y las ideologías excluyentes.

Deben avanzar unidos para, alejándose de los mesianismos políticos, posicionarse en este mundo multipolar, promoviendo solidariamente la paz, la libertad, la seguridad, la concordia y la fraternidad en el mundo.

José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat es magistrado del Tribunal Supremo