Quince años de silencio

Mañana se cumplen quince años del asesinato de los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Alberto Martínez, Luis Ignacio Zanón, Carlos Baró, Alfonso Vega, José Carlos Rodríguez, José Merino y José Lucas Egea en una emboscada ocurrida en la localidad de Latifiya, al sur de Bagdad, la capital iraquí.

¿Quién no recuerda aquellas imágenes de los cuerpos de los militares españoles ya muertos pisoteados por la turba? Solo un agente, José Manuel Sánchez Riera, consiguió escapar con vida de la emboscada preparada por un grupo fuertemente armado. Cuatro de ellos acababan de llegar a Iraq y ni siquiera habían vaciado sus maletas cuando fueron repatriados en ataúdes.

A primera hora del 29 de noviembre de 2003, los ochos agentes secretos viajaron desde Diwaniya y Nayaf a Bagdad con coches sin blindaje y con armas cortas. Tomaron el primer café en la embajada española a las nueve de la mañana y dedicaron las siguientes horas a visitar a otros compañeros militares españoles en distintas instalaciones de la capital iraquí.

Comieron en la casa del comandante Alberto Martínez, incumpliendo las medidas de seguridad que se habían establecido desde que un mes y medio antes, a mediados de octubre de 2003, había sido asesinado en su domicilio de Bagdad el sargento primero José Antonio Bernal, también miembro del CNI. Los ocho agentes regresaban a sus bases del sur después de la comida cuando fueron interceptados por el grupo armado a treinta kilómetros de la capital y siete de ellos murieron asesinados en la emboscada.

El 4 de diciembre de 2003, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu abrió una investigación sobre lo que definió como un acto de terrorismo contra ciudadanos españoles fuera de nuestras fronteras. El 13 de febrero de 2004, apenas dos meses después, dictó un sobreseimiento temporal, aunque advirtió en su auto que reabriría el caso si aparecían nuevos datos.

El 22 de marzo de 2004, Flayeh Al Mayali, un traductor muy conocido entre los periodistas españoles, fue detenido en Base España de Diwaniya, interrogado por miembros del CNI, acusado de ser «colaborador necesario» en el atentado y trasladado cinco días después a la cárcel de Abu Graib, un penal bajo responsabilidad del ejército de Estados Unidos.

Ni el ministerio de Defensa ni el CNI informaron al juez Andreu de esta detención a pesar de la gravedad de las acusaciones contra él. Tras pasar once meses encarcelado en los penales de Abu Graib y Um Qasar, Al Mayali fue liberado sin cargos en febrero de 2005.

En una entrevista publicada el domingo 20 de febrero de 2005 por Heraldo de Aragón, el traductor acusó a sus interrogadores de darle un trato inhumano y degradante con continuos golpes, insultos y amenazas de muerte. Amnistía Internacional exigió al Gobierno que se investigasen los posibles abusos contra Al Mayali y otros prisioneros y Convergencia i Unió e Izquierda Verde pidieron explicaciones en el Congreso de los Diputados.

El comandante Alberto Martínez había pedido el regreso a España después de pasar varios meses en Iraq en la primera mitad de 2003. Era consciente de que era muy conocido y creía que podía estar en la lista negra de los servicios secretos del derrocado dictador Sadam Husein en una etapa en la que empezaba una nueva guerra contra los invasores estadounidenses. Pero un par de meses más tarde, en agosto, se le ordenó regresar a Iraq para trabajar con la Brigada Plus Ultra desplegada en las ciudades de Nayaf y Diwaniya.

«El más grave error de mi carrera fue no sustituir a nuestros agentes en Bagdad tras la caída del régimen de Sadam Husein», reconoció en privado el diplomático Jorge Dezcallar, máximo responsable del CNI en el periodo en que se produjeron los asesinatos. A pesar de ello Dezcallar tuvo una carrera meteórica desde esa fecha: consejero internacional de la compañía petrolera Repsol y embajador en el Vaticano y Estados Unidos.

Quince años después el caso sigue en el más triste olvido. Muchos protagonistas han seguido escalando puestos en el escalafón. El capitán auditor Alejo de la Torre de la Calle, que conoció Al Mayali durante su interrogatorio y que, como asesor jurídico, firmó la diligencia de comunicación del traslado del prisionero a una cárcel bajo control estadounidense, es hoy el subsecretario del ministerio de Defensa. El juez Andreu, que nunca consideró pertinente reabrir el caso, ha estado a punto de ocupar un alto puesto en el Gobierno de Pedro Sánchez. El CNI ha evitado que se realizase una investigación independiente que aclarase los errores cometidos por el organismo de seguridad y se depurasen responsabilidades.