El Gobierno español mantiene el pulso sobre un acuerdo final para el ‘brexit’ mientras no disponga de todas las garantías de que se mantiene el derecho a veto, que sus socios europeos ya le concedieron, en todo lo referente a acuerdos futuros con el Reino Unido respecto a Gibraltar. No hay alternativa. La UE debe cumplir su promesa sobre los derechos de España respecto al Peñón. 

Aunque el acuerdo del ‘brexit’ puede salir adelante mañana con mayoría cualificada de los Veintisiete (con el voto a favor de no menos de 20 países que representen al menos el 65% de la población), el Ejecutivo de Pedro Sánchez considera que la declaración política que lo acompaña requiere unanimidad. Y efectivamente, cuando se iniciaron las negociaciones del ‘brexit’, se reconoció que «ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido se podría aplicar a Gibraltar sin el acuerdo entre España y Reino Unido». Y ahora ese derecho de veto debe ejecutarse si en el acuerdo de divorcio no queda claramente reflejado que, en todos los asuntos del Peñón, prima el eje negociador Madrid-Londres sobre el Bruselas-Londres. En caso contrario, existiría un claro peligro de que el futuro de Gibraltar se diluyese en medio de una complicada negociación entre 27 países y un nuevo vecino; Madrid perdería influencia sobre el estatus del territorio en disputa.

A un día de celebrarse una cumbre extraordinaria en Bruselas para aprobar el acuerdo definitivo del ‘brexit’, está claro que algo se ha hecho mal para que sea precisamente España la que en el último momento amenace con no sumarse al pacto a causa del contencioso de Gibraltar. Tiempo habrá de buscar responsabilidades. Lo que urge ahora es convencer a los socios de que deben cumplir lo que se acordó antes de comenzar las negociaciones: que España tendrá la última palabra respecto a todo lo que afecte al Peñón porque no renuncia a recuperar su soberanía.