La Generalitat ha cobrado ocho rescates por la imprudencia flagrante de las víctimas, con importes que en algunos casos rozan los 3.000 euros, en la primera década desde que entró en vigor la tasa que en octubre de 2008 creó el tripartito para concienciar de la importancia de actuar con prudencia.

En una entrevista, el director general de Prevención, Extinción de Incendio y Salvamento, Manel Pardo, ha destacado que esta iniciativa, que entró en vigor en octubre de 2009, un año después de su creación, ha tenido un "buen impacto", ya que su objetivo no es recaudatorio, ni como "castigo", sino potenciar la prevención para reducir la cifra de rescates.

Desde que el tripartito instauró en octubre de 2008 la tasa que tras un año de periodo de pruebas permitía a los Bomberos cobrar los rescates a las víctimas que hubiesen actuado con una manifiesta imprudencia, la Generalitat ha activado este mecanismo en ocho casos: 2 en 2011, ya con CiU en la Generalitat, 1 en 2013, 2 en 2014, 1 en 2015 y 2 en 2018.

El precio que se hace pagar a las personas rescatadas varía en función de los medios movilizados para su evacuación, por lo que la factura cobrada por la Generalitat oscila entre los 507 euros y los 2.880 euros.

La decisión de última sobre en qué casos se cobran los rescates, según Pardo, recae en los técnicos, que analizan el incidente para determinar si ha habido algún tipo de negligencia o imprudencia grave.

"Se aplica el cobro sólo en casos de imprudencia manifiesta, cuando no hay ningún tipo de duda. Si existe una mínima duda no se aplica", ha resaltado Pardo, que ha reconocido que la mayoría de los casos analizados quedan descartados, como demuestra la estadística de cobros, con menos de uno al año de media en la última década.