La vida de la nación se representa estos días en forma de drama, y a la Judicatura le toca representar un deslucido papel justo cuando más necesario se hace que cumpla su papel de defender la ley y, por tanto, la democracia. La renuncia de Manuel Marchena, un jurista de reconocido prestigio, constata, paradójicamente, que era una persona idónea para el puesto, ya que ha demostrado temple para resistir presiones. El problema es que ha sido el sonrojante mensaje de whatsapp del portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, el desencadenante de esa renuncia. Una frase dejaba en situación imposible al juez Marchena. En ella, Cosidó aseguraba que el pacto entre el PSOE y el PP para renovar la cúpula del Poder Judicial permitiría al Partido Popular controlar la sala segunda del Supremio (la que juzgará el 1-O) «desde atrás». Parece que no puede ser más humillante. Pero lo es todavía más que los principales partidos dieron por hecho que los vocales del Consejo General del Poder Judicial, aún sin designar, es decir, antes de que pudieran ser preguntados, iban a dar por buena la designación de su presidente. Que no se guardaran las mínimas formas, que se diera por hecho la docilidad de los vocales erosiona la imagen de la Justicia. Y eso hay pacto ni decreto que lo arregle, al menos a corto plazo.