Cerca del 90 % de españoles no sabe que el diésel contiene aceite de palma

La coalición de ONG ecologistas #NotInMyTank ha publicado un informe para tratar de llamar la atención sobre el consenso en Europa para limitar la deforestación y la degradación de ecosistemas.

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Un 88 % de los españoles no sabe que el diésel comercializado en su país contiene aceite de palma y un 67 % apoya que la Unión Europea prohíba su uso, según un informe publicado el pasado martes por la coalición de ONG ecologistas #NotInMyTank.

En el caso de la UE, el 82 % de sus ciudadanos desconoce ese componente y el 69 % se muestra a favor de prohibir su uso, señala el documento.

El estudio, realizado por la consultora Ipsos a petición de esta coalición de ONG internacional, que incluye a la española Ecologistas en Acción, llegó a estas conclusiones tras encuestar a unos 4.500 europeos.

Seguidos de España y Hungría, ambos con un 88 %, lo países con mayor cantidad de habitantes que ignoran la presencia de aceite de palma en el diésel que consumen son Bélgica e Italia, con 87 %; Polonia, con 84 %; Francia y Alemania, con 76 %, y Suecia, con 67 %.

Pese a lo alto de las cifras, la gran mayoría de europeos se declara partidario de que Bruselas legisle a favor de prohibir el uso de ese aceite en el diésel, especialmente en Italia y Hungría, con un 75 %; Francia, con un 71 %, y Reino Unido y Polonia, con 69 %.

Con este estudio, la coalición ecologista pretende llamar la atención sobre el consenso en Europa para limitar la deforestación y la degradación de ecosistemas vinculados a la producción no sostenible de estos productos, sobre todo, en el sudeste asiático.

En una resolución aprobada en abril, el Parlamento Europeo recalcó que el 46 % del aceite de palma importado a la Unión Europea se destina a la producción de biocombustibles y requiere la utilización de cerca de un millón de hectáreas de suelo tropical.

Asimismo, según la Eurocámara, "una parte importante de la producción mundial del aceite de palma" no respeta los derechos fundamentales ni los estándares sociales adecuados, recurre al trabajo infantil y provoca conflictos de tierras entre las comunidades autóctonas e indígenas y los titulares de concesiones de aceite de palma.

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