Condenas a España en Estrasburgo: muy lejos de Bélgica, Francia o Italia

Los fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) son en ocasiones muy mediáticos, como el que se ha hecho público este martes, con la condena a España por el juicio por terrorismo a Otegi. Esto es aprovechado desde determinados ámbitos para cargar contra el sistema democrático español en su conjunto. “El escándalo es absoluto. El descrédito del poder judicial español, total”, ha celebrado en Twitter el presidente catalán, Quim Torra. Sin embargo, esta aparatosidad tiende a distorsionar la realidad: España figura entre los países menos condenados por Estrasburgo.

Entre 2013 y 2017, este órgano judicial -que, es importante resaltar, no forma parte de las instituciones de la Unión Europea- ha emitido 30 sentencias condenatorias contra España. Una cantidad que puede parecer elevada, pero que es menor de las que ha recibido en este periodo el Reino Unido (31), Austria (40) o Bélgica (45). Y muy alejada de países de cuya democracia no se duda como Francia (82) o Italia (132). Así consta en los registros del propio Tribunal de Estrasburgo, donde sí que hay países con menos fallos en contra, como -siempre dentro de los últimos cinco años- Suecia (9), Holanda (8) o Dinamarca (1). Alemania ha sido objeto de 23 condenas en este periodo de tiempo.

Si ya pasamos a países en los que la calidad democrática sí que puede generar más dudas, la distancia es abismal. En los últimos cinco años, Rusia ha recibido 865 ‘reprimendas’ en forma de condena por parte del TEDH. Tiene el dudoso honor de ocupar el liderato por delante de Turquía (467), Rumanía (355) y Ucrania (306).

En total, entre 2013 y 2017 España fue condenada por vulnerar en 34 ocasiones la Convención Europea de Derechos Humanos (cada sentencia puede incluir la vulneración de más de un artículo). El más habitual, de lejos, ha sido el del derecho a un juicio justo, un apartado violado en 13 ocasiones por España. De nuevo, pueden parecer muchas veces, pero quizás aporte algo de contexto señalar que en el caso de Italia, por ejemplo, han sido 33 las penalizaciones en este periodo. Detrás aparecen, ya lejos, la ausencia de investigación efectiva (4 veces), el derecho al respeto de la vida privada y la excesiva duración de los procedimientos (3 ambas).

Quemar una foto de los Reyes no es delito

Este año ha habido casos sonados. En marzo, Estrasburgo condenó a España por una sentencia contra dos independentistas gerundenses que en 2007 quemaron una foto gigante de los Reyes. Según el TEDH, el fallo supuso «una injerencia en la libertad de expresión que no fue proporcionada con el fin perseguido». El Tribunal también ha amparado a un valenciano de 87 años que llevaba desde 1994 litigando contra el Ayuntamiento levantino por los ruidos de los bares y discotecas de la zona.

Tuvo asimismo mucho eco la condena a España en enero por tratos inhumanos y degradantes a los etarras Igor Portu Juanena, alias ‘Pantani’, y Mattin Sarasola Yarzabal, ‘Luzia’, autores del atentado de la T-4 de Barajas, durante su arresto. Sin olvidar una sentencia a favor de cuatro cajeras de supermercado que fueron despedidas tras ser grabadas con cámaras ocultas por sus jefes mientras robaban productos. Estrasburgo determinó que España violó su derecho a la privacidad, dado que no se informó de forma “precisa e inequívoca” de la grabación a las empleadas.

En el lado contrario, también hay absoluciones, como el rechazo por parte del TEDH a rebajar la pena a 20 etarras, entre ellos el sanguinario etarra Francisco Múgica Garmendia, alias ‘Pakito’.

Atutxa y las devoluciones en caliente

En el último año completo, 2017, España recibió cinco sentencias condenatorias y una absolutoria, según el TEDH. Tuvo mucha repercusión la del expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa y otros dos miembros de la Mesa, que según dictaminó el Tribunal no tuvieron un juicio justo al ser condenados por desobediencia por el Supremo, a raíz de negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA). Mientras, Estrasburgo también sentenció contra España por las devoluciones en caliente, que violaron en aquel caso el protocolo número 4 de la convención (en su artículo 4, prohíbe las “expulsiones colectivas de extranjeros”) y el artículo 13 del convenio (derecho a un recurso efectivo). También es del año pasado la condena a España por no proteger el derecho a la intimidad de Paulina Rubio. La causa tuvo su origen en 2005, cuando la cantante denunció a su exagente por unas declaraciones a los medios.

Aunque sin duda el fallo más sonado contra nuestro país fue el que sirvió para tumbar la doctrina Parot, un auténtico terremoto judicial gracias al cual fueron eximidos de sus condenas y posteriormente liberados decenas de etarras y violadores.