Cuenta atrás para la celebración del juicio contra los protagonistas del 'procés' independentista de Cataluña. El Tribunal Supremo dio este jueves el primer paso tras dictar dos resoluciones en las que confirmó el cierre de la instrucción dirigida por el juez Pablo Llarena, dando por bueno su escrito de conclusiones y de procesamiento, y la apertura de juicio oral contra 18 acusados. Se quedan fuera los siete fugados al extranjero, entre ellos Carles Puigdemont, porque no pueden ser juzgados en rebeldía.

El tribunal de la Sala Segunda (penal) que sentenciará el 'procés' ratificó el enjuiciamiento por un delito de rebelión (a quien se alce violenta y públicamente para declarar la independencia de una parte del territorio nacional, entre otros motivos) del exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los líderes de las organizaciones civiles independentistas Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y de la Asamblea Nacional Catana (ANC), Jordi Sànchez.

Estos nueve acusados, algunos de los cuales también se le imputa malversación de caudales públicos, se encuentran en prisión preventiva en centros penitenciarios de Cataluña a la espera de sentarse en el banquillo. Unos llevan más de un año, caso de los 'jordis', aniversario que cumplirán el 2 de noviembre Junqueras o Forn. El resto lo hará el próximo 23 de marzo, día en que el juez Pablo Llarena dictó el auto de procesamiento.

Los nueve restantes procesados que serán juzgados están acusados por delitos con menos pena privativa de libertad, malversación y/o desobediencia (éste solo conlleva inhabilitación), que la rebelión (de 15 a 25 años de prisión). Se trata de los exconsejeros Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs, los integrantes de la Mesa del Parlament Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, y la responsable de la CUP Mireia Boya.

Tras dictar el auto de apertura de juicio oral las acusaciones tienen cinco días hábiles desde este viernes para presentar sus escritos de calificación. Se trata de la Fiscalía del Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado y la acusación popular representada por el partido político VOX. Tanto el Ministerio Público como los servicios jurídicos del Estado, personados por el delito de malversación al generarse un perjuicio a las arcas públicas, comunicaron este jueves que apurarán hasta el próximo viernes la presentación de sus escritos.

Apoyo a la rebelión

En sendos casos se mirará con lupa la tipificación penal que darán a los hechos, aunque todo hace indicar que mantendrán inicialmente la rebelión. Otra cosa es la calificación final que decidan cuando acabe el juicio. El motivo no es otro que en el auto conocido se recuerda que la Fiscalía y la Abogacía del Estado mostraron su conformidad el 3 y 6 de agosto pasado a la apertura de juicio "por la presunta comisión de rebelión, malversación y desobediencia".

Además, el presidente del tribunal y ponente de la sentencia, Manuel Marchena, máximo responsable de la Sala Segunda, rechazó este jueves en su auto de conclusiones los recursos presentados por los procesados, que pidieron devolver la causa al juez Llarena al considerar que la instrucción no estaba acabada.

En líneas generales, denunciaron el "menoscabo" de sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa, a un procedimiento con todas las garantías, a un recurso efectivo y a la igualdad de partes. También señalaron los problemas para acceder al sumario a través del portal digital del Ministerio de Justicia, lo que ha repercutido en la preparación de su estrategia procesal.

El recurso del exconsejero Jordi Turull, exdiputado autonómico y excandidato a la Presidencia de la Generalitat, realiza una consideración sobre la rebelión que adelanta, en cierto modo, su alegato en el juicio: "Organizar, participar, facilitar infraestructuras o reclutar voluntarios para la celebración del referéndum supuestamente ilegal no puede ser, desde la reforma del año 2005, razón suficiente para incriminar a nadie y menos por un delito de rebelión. No consta en el auto que Jordi Turull incitara en ningún momento a los ciudadanos a proceder de modo violento o actuara él directamente de tal manera, sino todo lo contrario", dice.

A todas estas cuestiones el juez Marchena contesta que las partes tuvieron tiempo suficiente en la fase de instrucción para presentar nuevas diligencias de prueba, y remite al juicio la resolución de las mismas. Hasta 300 peticiones se incluyeron en los recursos de los procesados. Del mismo modo, asegura que las reclamaciones "carecen de toda viabilidad" y que se dan todos los requisitos para el juicio en el auto de procesamiento del juez Llarena.

El tribunal lo formarán siete jueces al sumarse a los cinco iniciales -Marchena, Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral- los magistrados Andrés Palomo y Ana Ferrer.